Ciudad de México, 8 de enero de 2024 – Un reciente reporte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) ha puesto en evidencia la alarmante situación de la tala clandestina en México, vinculándola directamente con grupos de la delincuencia organizada. Según el informe, durante el período de 2013-2018, se estima que el 70% del volumen de madera comercializada en el país fue producto de actividades ilegales.
Este problema no solo afecta a la producción legal de madera, sino que también impacta negativamente en la biodiversidad, contribuyendo a la degradación de recursos forestales y a la pérdida de especies vegetales y animales. La situación se ve agravada por la dependencia del país en las importaciones de productos forestales, evidenciada por un déficit en la balanza comercial de este sector, que alcanzó los 8 mil 875 millones de dólares en 2022.
El reporte de la Conafor, que presenta datos hasta el año 2022, señala que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha identificado 122 áreas críticas en delitos forestales. La tala clandestina y el comercio ilegal de madera están relacionados con diversas problemáticas, incluyendo las restricciones que enfrentan los productores forestales para incorporarse al mercado, litigios y conflictos agrarios, y la influencia del crimen organizado en territorios rurales.
Una de las principales causas de la caída en la producción maderable del país es la competencia desleal que enfrenta la madera legal. La madera proveniente de la tala ilegal es más barata, ya que no incurre en costos de impuestos ni de manejo forestal, lo que resulta en una devaluación de los precios y desplaza a los productores legales del mercado.
Además, factores como la corrupción, insuficiente inspección y vigilancia, y la impunidad facilitan la extracción clandestina y el lavado de materias primas forestales. Para combatir esta problemática, se consideran acciones como el trabajo de inteligencia en fiscalización, incrementar la producción en terrenos forestales, fomentar el consumo responsable, promover la certificación de buen manejo forestal y cadena de custodia, así como combatir la corrupción, la impunidad y aplicar sanciones ejemplares.
Este informe subraya la necesidad urgente de acciones decisivas para proteger los bosques y selvas de México, asegurando su sustentabilidad y la viabilidad de los productores legales, mientras se combate el crimen organizado y la corrupción que alimentan esta práctica destructiva.
