CDMX, 11 Julio 2021.Desde los históricos territorios del norte del país, que fueron cuna de luchas sociales en México, pueblos indígenas se dieron cita para aportar en la construcción de un Estado pluricultural, en el que las leyes y normas alcancen sus anhelos de justicia.
En Asambleas Regionales de Seguimiento, representantes y autoridades de pueblos indígenas de Sonora, Chihuahua y Coahuila levantaron la voz para que sus derechos fundamentales sean reconocidos en la Carta Magna, y dieron su aprobación a la Iniciativa de Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano.
En Vícam, Sonora, los ocho gobernadores tradicionales de la Nación Yaqui se manifestaron a favor de esta iniciativa impulsada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), como una forma de respaldar constitucionalmente los acuerdos por los que han trabajado en el marco del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, y extender sus alcances al resto del país.
En representación de las autoridades tradicionales, el gobernador de Vícam, Agustín González Estrella, dio la bienvenida a las autoridades y representantes del Gobierno de México y del Poder Legislativo que acompañaron estos trabajos.
“Siempre hemos sido rezagados, siempre hemos sido olvidados; sabemos que con el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador será el momento histórico, el momento de los pueblos indígenas, para darles la verdadera autonomía y justicia”.
En tanto, el secretario del pueblo de Tórim, Jesús Patricio Varela, reflexionó sobre las leyes internas que los rigen.
“El mandato de nuestros antepasados es que a través de nuestras dos instituciones -iglesia y Guardia Tradicional- aboguemos tanto por «lo que no habla», el agua, la tierra y nuestros recursos naturales; como por lo que «sí habla», que es nuestra gente, adultos, jóvenes, niños, ancianos y futuras generaciones”.
Aseguró que estos dos mandatos se están contemplando ya en la propuesta de reforma, para que sean plasmados en la Constitución y nunca más la insuficiencia de la norma nacional permita que se les arrebaten sus derechos fundamentales.
“Nuestros antepasados no vivieron esto; a ellos no se les tomó en cuenta, al contrario, perdieron la vida por defender lo que tenemos”.
Ante esto, el director general del INPI, Adelfo Regino Montes, aceptó que el Estado mexicano tiene una deuda con los pueblos indígenas y afromexicano y expresó la importancia de trabajar en coordinación para empezar a saldarla.
“Desde aquí donde hubo represión, exterminio, masacre, despojo y deportaciones, cambiemos esa historia a través del diálogo, para contar con una reforma profunda e integral a la Constitución de nuestro país, al pacto social que tenemos como mexicanos, para que se reconozca de una vez por todas los derechos inalienables de los pueblos y comunidades”.
En presencia de gobernadores, secretarios, capitanes, tropa y pueblo mayor de la Tribu Yaqui, sostuvo que el Presidente de México asumió el compromiso de construir a través del diálogo y el acuerdo un Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, para lo que se creó la Comisión Presidencial en la que están representadas todas las secretarías de la Administración Pública Federal.
Aseguró que la iniciativa de reforma busca dar un sustento constitucional a todos los acuerdos que se vienen construyendo en este Plan de Justicia y crear una base de derechos para los pueblos indígenas que trascienda el tiempo y la historia de México.
Luego de un amplio diálogo, las autoridades tradicionales acordaron respaldar la iniciativa, a través de un acto oficial realizado en la Guardia Tradicional de Vícam Pueblo, primera cabecera de los ocho pueblos yaquis, como lo determinan sus leyes internas.
En esta asamblea realizada en Tórim, participaron también la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados, Irma Juan Carlos; así como las diputadas federales electas, Brianda Aurora Vázquez Álvarez y Sandra Luz Navarro Conkle, quienes se comprometieron ante los ocho gobernadores a impulsar la reforma al centro del Congreso.
Pueblos indígenas del norte de México respaldan iniciativa de reforma
Por su parte la gobernadora tradicional mayo del pueblo de El Júpare, Huatabampo, María del Rosario Avilés Carlon, se pronunció por mantener su autonomía, así como el derecho sobre sus recursos naturales.
“El agua debe ser para beneficio de las comunidades, así como los territorios en los que habitan los pueblos indígenas”, aclaró en la Asamblea realizada en Etchojoa, Sonora.
A su vez, el representante del pueblo Guarijío, Juan Rodríguez Zazueta, mencionó que se requiere una reforma bien establecida y vigente para los derechos de las comunidades, en especial de las mujeres que no han tenido oportunidades para prepararse y desarrollarse.
Del mismo modo, las comunidades migrantes de diversos estados del país que radican en la ciudad de Hermosillo, reconocieron que se está construyendo una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas y afromexicano, basada en el respeto de sus derechos fundamentales, para resolver los graves problemas de marginación, pobreza, exclusión, discriminación y racismo.
Por otro lado, en la Asamblea de Guachochi, Chihuahua, el gobernador rarámuri de la comunidad de Agua Zarca, Mauro Aguirre, consideró imprescindible el hermanamiento que estos ejercicios de consulta fomentan en los pueblos indígenas.
Efraín Rodelas Bustillos, integrante de la comisión de seguimiento, destacó la necesaria reconciliación de los pueblos indígenas con el Estado, como el motor fundamental para la transformación de la vida pública nacional, lo cual debe garantizarse a través de su reconocimiento constitucional como sujetos de derecho público.
Finalmente, en Múzquiz, Coahuila, el presidente del concilio tradicional de la Tribu Kikapú, Juan Garza Salazar, confió en que el proceso legislativo alcance un resultado que satisfaga las necesidades de los pueblos y comunidades de todo el país. Asimismo, aseguró que llevará la iniciativa a los miembros de su comunidad.
Del mismo modo, representantes del pueblo negro Mascogo manifestaron que es fundamental acompañar esta reforma, pues es el camino para garantizar sus derechos colectivos y proteger su cultura e identidad.
Esta propuesta de iniciativa de reforma que se pone en manos de las comisiones de seguimiento, pretende modificar 15 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reconocerlos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica.
Del mismo modo, plantea consolidar el derecho de libre determinación y
autonomía, al armonizarlo con los instrumentos internacionales en la
materia y mediante mecanismos para su ejercicio efectivo.
