Ciudad de México, 23 de enero de 2024 – En un movimiento legislativo crucial, la senadora María Graciela Gaitán Díaz del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha presentado una iniciativa para reformar el artículo 4, párrafo séptimo, de la Constitución Mexicana. Esta propuesta, centrada en la garantía de vivienda digna y decorosa para todos, plantea un cambio significativo en la redacción actual, reemplazando la palabra “familia” por “persona”.
La legisladora explicó que la redacción actual del artículo en cuestión limita el derecho a una vivienda únicamente a las «familias», excluyendo así a las personas individuales. Esta limitación es incongruente con los Tratados Internacionales, la Ley de Vivienda y las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconocen este derecho a todas las personas, en línea con la naturaleza de los derechos humanos y fundamentales.
La Ley de Vivienda, que reglamenta este artículo de la Constitución, ya establece en su numeral 3 que sus disposiciones deben aplicarse bajo principios de equidad e inclusión social. Por ello, la iniciativa de Gaitán Díaz busca asegurar que toda persona, independientemente de su origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social o económica, estado de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o estado civil, pueda ejercer su derecho constitucional a la vivienda.
Esta reforma va más allá de una simple modificación textual; representa un avance significativo en la inclusión y equidad social en México. La senadora recordó que las autoridades mexicanas están obligadas constitucionalmente a tomar medidas para que las viviendas cumplan con condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño adecuado, diseño y ubicación segura. Además, deben promover, garantizar, respetar y proteger el derecho humano y fundamental de las personas a una vivienda adecuada, adoptando las medidas administrativas y legislativas necesarias.
Con esta propuesta, la senadora María Graciela Gaitán Díaz busca reafirmar y expandir el compromiso del Estado mexicano con los derechos humanos, asegurando que el derecho a una vivienda digna y adecuada sea una realidad accesible para todos los ciudadanos, y no solo para aquellos que conforman una unidad familiar.
