Ciudad de México, 21 de diciembre de 2023 (Noticias de México).- Miembros del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han presentado una propuesta de reforma constitucional que podría cambiar significativamente el proceso de selección del titular de la Fiscalía General de la República (FGR) en México. La iniciativa, que apunta a modificar los artículos 72 y 102 de la Constitución Política, fue propuesta por senadores del PRI y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Los legisladores, entre ellos Manuel Añorve Baños, Carlos Humberto Aceves del Olmo, Claudia Edith Anaya Mota, Sylvana Beltrones Sánchez, Ángel García Yáñez, y otros, han sugerido que las organizaciones de la sociedad civil puedan enviar al Senado de la República propuestas para integrar la lista de candidatos a dirigir la FGR. Esta medida también se aplicaría en el caso de una vacante en la titularidad.
Actualmente, el proceso establecido en la Constitución implica que el Senado forma una lista de candidatos para la FGR, la cual es enviada al Presidente de la República. De esta lista, el Ejecutivo selecciona una terna que se somete a la aprobación del Senado. Sin embargo, este mecanismo ha sido criticado por su potencial de generar influencias políticas y partidistas en la designación del Fiscal General.
Los senadores han subrayado que el actual marco jurídico muestra debilidades en cuanto a garantizar la independencia e imparcialidad del proceso de elección, generando preocupación en la sociedad civil y la ciudadanía en general. El Fiscal General, como figura clave en el sistema de justicia, tiene la responsabilidad de liderar la lucha contra la impunidad y la corrupción, así como de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La propuesta busca fortalecer la democracia en México, asegurando que el fiscal sea elegido de manera justa, representativa y libre de influencias políticas. Los proponentes insisten en la importancia de la imparcialidad en la selección del Fiscal General para asegurar que la Fiscalía actúe de manera equitativa y sin influencias políticas indebidas. La percepción de un proceso de designación influenciado por intereses partidistas puede socavar la confianza de la ciudadanía en la institución y amenazar la credibilidad del sistema de justicia.
La iniciativa ha sido turnada para su análisis a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera, marcando un posible cambio significativo en la manera en que México selecciona a una de sus figuras más importantes en la administración de justicia.
