Ciudad de México, 8 de septiembre de 2023. La diputada María Rosete Sánchez, del PT, pidió reformar el artículo 5 de la Ley de Vivienda, para que las políticas y programas públicos, así como los instrumentos y los apoyos consideren también a la vivienda de emergencia y a los asentamientos informales, incluida la ocupación de tierra o propiedad.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Vivienda, señala que en la actualidad hay millones de mexicanas y mexicanos que viven en asentamientos precarios con carencias de servicios y equipamientos mínimos, donde los tiempos y costos de transporte para su acceso al trabajo, la educación y el abasto, son elevados.
Precisa que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda 2019-2024, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), actualmente en México el 16.3 por ciento de las viviendas propias habitadas carecen de tenencia segura por falta de escrituras; en la población indígena y los hogares rurales estos porcentajes se elevan a 23.6 y 25.3 por ciento, respectivamente.
Menciona que no existe un registro o medición oficial sobre la tenencia, y se estima que hay aproximadamente 7.5 millones de lotes irregulares de uso habitacional, aunado a que el proceso de escrituración es tardado y costoso, ya que los gastos notariales llegan a representar entre 5 y 10 por ciento del valor del inmueble.
Además, en 2014 sólo 41 por ciento de las viviendas rentadas tenían un contrato que establecía las condiciones del arrendamiento, debido principalmente a problemas como desalojos forzosos, extorsión y abusos, los cuales impactan a inquilinos y propietarios.
Enfatiza que en México una de cada cinco viviendas presenta carencia en el acceso a algunos de los servicios básicos, mientras que en proporción mayor padecen deficientes servicios como alumbrado público, el 49.1 por ciento, y pavimentación, el 51.1 por ciento.
En sus entornos inmediatos tienen acceso limitado a equipamientos, transporte, áreas verdes y espacios públicos, deficiencias que son mayores en zonas rurales donde la carencia de servicios básicos impacta a 53.1 por ciento de las viviendas, añade.
Puntualiza que en las periferias urbanas y en la región sur de México el 5.1 por ciento de las viviendas no tienen agua entubada y 6.1 por ciento no cuenta con drenaje sanitario, situación que afecta al 7.1 por ciento y a 2.0 por ciento de la población total.
Además, el uno por ciento de las viviendas carece de electricidad, y en 15.4 por ciento de las viviendas aún se utiliza leña o carbón para cocinar.
Subraya que la problemática se vincula a la limitada capacidad de los gobiernos locales para incrementar la calidad y cobertura de sus redes de infraestructura, también impactan las fallas técnicas y/o escasez de los recursos, a pesar de la existencia o cobertura de la infraestructura. Los asentamientos irregulares no cuentan con una correcta planeación y acceso a la infraestructura básica, forzando a las familias a incurrir en altos gastos.
Por lo anterior, es necesario que las políticas y programas públicos de vivienda, así como los instrumentos y apoyos consideren a la vivienda de emergencia y a los asentamientos informales, a fin de atender a los grupos vulnerables y garantizar ese derecho, indica la legisladora.
