Ciudad de México, 13 de noviembre del 2023 – Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia, ha subrayado la importancia de establecer rápidamente las políticas y directrices necesarias para implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en todos los estados de México. El código, publicado el 7 de junio de este año, tiene un plazo máximo de implementación hasta el 1 de abril de 2027.
Durante la cátedra “Melquiades Morales” en la Universidad Anáhuac, campus Puebla, Sánchez Cordero explicó que este nuevo marco legal es producto de la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2017, que obligó al Congreso de la Unión a expedir una legislación única en materia procesal civil y familiar.
La senadora de Morena reconoció que la diversidad de normas procesales civiles y familiares en las 32 entidades federativas generaba incertidumbre en la aplicación de la justicia, debido a la disparidad entre las reglas, plazos, términos y criterios, que a menudo resultaban contradictorios.
El nuevo Código Nacional, construido con la participación de organizaciones de la sociedad civil, expertos en derecho, y miembros del poder judicial, tanto federal como local, pretende unificar y fortalecer el sistema de impartición de justicia en México. Sánchez Cordero destacó que este instrumento legal tendrá un impacto aún mayor que la reforma al sistema integral de justicia penal de 2008.
Este ordenamiento no solo homologará los procedimientos y agilizará la impartición de justicia, sino que también brindará mayor seguridad y certidumbre jurídica a las personas justiciables. Se privilegiará la oralidad, la solución de conflictos por encima de formalismos, y se reducirán los términos extensos y las costas onerosas.
El Código Nacional abordará de manera integral y detallada temas como la violencia contra niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas históricamente vulneradas. Incorpora definiciones vanguardistas y progresivas en su glosario de términos, atendiendo a principios de interés superior de la niñez, perspectiva de género, igualdad y equidad, así como la accesibilidad para grupos de atención prioritaria.
Entre las innovaciones del Código se incluye la figura de ajustes de procedimiento y accesibilidad, y medidas de protección en casos de violencia, que deberán cumplirse en un plazo no mayor a 72 horas. También se reconoce la violencia vicaria y se establece la figura de la declaración especial de ausencia por desaparición, con el fin de proteger los derechos de las personas desaparecidas.
Sánchez Cordero concluyó que, aunque el Código Nacional, compuesto por 1,191 artículos, tiene áreas de oportunidad que se irán perfeccionando con el tiempo, marca un hito significativo en la construcción de la paz social y la justicia cotidiana en México.
