Ciudad de México, 17 de noviembre de 2023 – La diputada Jasmine María Bugarín Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa significativa en el Congreso que busca fomentar la inclusión laboral de personas con discapacidad en México. La propuesta, que modifica el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, establece una cuota obligatoria para los empleadores de destinar el 5% de las plazas de nueva creación y vacantes a personas con discapacidad, aplicable por cada 50 trabajadores.
Esta iniciativa, ahora en manos de la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su dictamen y de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para opinión, apunta a una problemática extendida en el país: la dificultad que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a empleo digno y a derechos fundamentales como la educación. Según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 del Inegi, de los 115.7 millones de personas en México, 7.7 millones (6.7%) son consideradas como población con discapacidad.
Bugarín Rodríguez resalta en la exposición de motivos que el empleo no debe ser percibido como un acto de caridad o favor, sino como un derecho humano esencial para la vida independiente y plena de todas las personas. Además, subraya que el trabajo es fundamental para asegurar la cobertura de necesidades básicas y es un pilar para el cumplimiento de otros derechos humanos.
Enfatiza que el Estado tiene la responsabilidad de crear las condiciones necesarias para que todas las personas en edad laboral, incluidas aquellas con discapacidad, puedan acceder a oportunidades de empleo. Esto no solo es vital para una vida digna en el aspecto económico, sino también como un medio para la superación y realización personal.
La propuesta de Bugarín Rodríguez representa un paso importante en la lucha por la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral en México. Aunque la Ciudad de México ya contempla una cuota laboral para personas con discapacidad en la administración pública local, esta iniciativa busca extender la medida a nivel nacional, abarcando tanto el sector público como el privado. Su aprobación podría marcar un cambio significativo en la inclusión laboral y en la vida de millones de personas con discapacidad en el país.
