México, un país conocido por su vibrante cultura y tradiciones, ahora se encuentra en el centro de atención por un motivo diferente: el crecimiento exponencial de las intervenciones estéticas. La Cámara de Diputados, liderada por Jesús Fernando García Hernández del Partido del Trabajo, ha presentado una iniciativa innovadora que busca reformar la reglamentación de estos procedimientos.
En un contexto donde México ocupa el tercer lugar a nivel mundial en el número de cirugías estéticas, sólo detrás de gigantes como Estados Unidos y Brasil, esta propuesta legislativa se perfila como un cambio crucial. Se busca diferenciar claramente entre la cirugía estética, orientada a la mejora de la apariencia por razones de belleza, y la cirugía reconstructiva, enfocada en restaurar el aspecto físico después de accidentes o enfermedades.
La propuesta de García Hernández responde a un preocupante aumento en prácticas realizadas por pseudocirujanos y clínicas sin las certificaciones adecuadas. Este fenómeno, alimentado por factores como la globalización y la influencia mediática en la percepción de la belleza, ha elevado la demanda de estas intervenciones.
Un aspecto clave de la iniciativa es el establecimiento de severas sanciones para aquellos que operen sin seguir los protocolos adecuados. Las penas propuestas para quienes incumplan con las certificaciones necesarias son contundentes: 15 a 40 años de prisión, multas significativas, decomiso de instrumentos y establecimientos, así como la inhabilitación profesional.
El diputado García también alerta sobre las «cundinas», un sistema en el que grupos de personas, especialmente mujeres, se someten a procedimientos estéticos en tandas, pagando en cuotas. Esta práctica, especialmente prevalente en Sinaloa y conocida como «el cartel de las cundinas», es peligrosa por su falta de regulaciones y garantías.
En una entrevista exclusiva, García explicó que el objetivo de su iniciativa es doble: establecer una clara distinción entre los diferentes tipos de cirugías y asegurar la seguridad del paciente a través de regulaciones y sanciones estrictas.
Esta iniciativa legislativa representa un paso significativo en la protección de los pacientes y en la lucha contra prácticas ilegales y peligrosas en el campo de las intervenciones estéticas. El futuro de este sector en México podría estar a punto de cambiar drásticamente, garantizando así la seguridad y el bienestar de quienes buscan mejorar su apariencia.
