Duarte seguirá privado de la libertad en el Centro de Reinserción Social del municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua.
El magistrado solo dio a conocer el sentido de su resolución, pero no la versión pública de la sentencia, aunque también le negó la protección de la justicia federal contra la prisión preventiva justificada.
Ahora corresponderá a un tribunal colegiado resolver si confirma, modifica o revoca el resolutivo de primera instancia.
César Duarte fue detenido el 8 de julio de 2020 en Florida, Estados Unidos, y enfrentó a la justicia en el estado de Chihuahua después de un proceso ante la Corte Federal del Distrito Sur de Miami, en el cual alegó sufrir persecución política.
Pero ese no fue su caso, sino un enriquecimiento tremendo que incluyó numerosas grandes propiedades, incluidas haciendas, y dinero en efectivo de los fondos del gobierno local, según las acusaciones.
Fue vinculado a proceso penal en junio de este año por los delitos de peculado y asociación delictiva ya que fue señalado por transferencias ilegales de 96.6 millones de pesos (casi cinco millones) que hizo de las arcas públicas hacia sus empresas, ranchos e incluso a su cuenta de nómina personal mientras era gobernador.
Al respecto, el juez declaró infundados los agravios del exmandatario, quien argumentó que “la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el plazo de un año que se le impuso, ocasiona una demora prolongada en su detención, lo que constituye una pena anticipada”, ya que la autoridad no tomó en consideración que estuvo detenido por casi dos años a causa del procedimiento de extradición”.
Pero el magistrado respondió que la medida de prisión preventiva justificada es la idónea y proporcional como cautela para salvaguardar los fines que conlleva el proceso penal instaurado en su contra y así para asegurar su presencia en el proceso.
El juez recordó que existen datos que revelan que el exmandatario fue detenido en Miami, Florida, Estados Unidos, donde permaneció por más de cinco años, incluso la propia defensa sostiene que tramitó su residencia y cuenta con licencia para conducir en esa nación.
