Ciudad de México, 16 de enero del 2024.- En un movimiento que marca su cuarta intentona en las dos legislaturas actuales del Congreso de la Ciudad de México, diputados del partido Morena han presentado una propuesta para recortar el financiamiento público a los partidos políticos, una cifra que este año alcanza más de 553 millones de pesos.
Los legisladores Xóchitl Bravo y Carlos Mirón señalaron que en los últimos nueve años, el gasto de los partidos políticos ha experimentado un aumento del 47 por ciento en términos nominales, representando un total de 3 mil 27 millones de pesos. Ambos acusaron falta de acción por parte de diputados del PAN en las comisiones responsables de dictaminar sobre estas iniciativas, citando específicamente a Jorge Triana y Diego Garrido, ex y actual titulares de las comisiones relevantes.
La nueva propuesta de Morena, que cuenta con el respaldo de más de 14 mil firmas de ciudadanos, busca reducir el gasto público en áreas que consideran no prioritarias para redirigir esos recursos a sectores críticos como educación, salud, seguridad, movilidad y abastecimiento de agua. Según Mirón, esta reducción es «impostergable e ineludible».
Xóchitl Bravo enfatizó que México posee una de las democracias más costosas del mundo. A modo de comparación, señaló que mientras en países como Estados Unidos, Canadá, Ecuador y Guatemala, el costo por voto es de aproximadamente 0.2 dólares, en México supera los 3 dólares. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, Bravo subrayó la importancia de reflexionar sobre el gasto en campañas electorales.
La propuesta de reforma del artículo 27 de la Constitución Política de la Ciudad de México busca modificar la obligación del órgano electoral local de otorgar financiamiento anual a los partidos políticos.
En otro orden de ideas, Morena en el Congreso de la Ciudad de México informó sobre los plazos para nombrar a los alcaldes sustitutos de Iztapalapa y Benito Juárez, fijados para el 20 de febrero y el 7 de marzo respectivamente. Estas fechas se establecen siguiendo la Ley Orgánica de las alcaldías, que indica un periodo de 60 días hábiles tras las renuncias de Clara Brugada y Santiago Taboada.
