Ciudad de México, 16 de octubre del 2020.- Un grupo de pescadores del Alto Golfo de California analiza la posibilidad de recurrir a un amparo colectivo contra la prohibición del Gobierno de México de fabricar, transportar y utilizar redes de pesca tradicionales en el hábitat de la vaquita marina.
Los integrantes de las cooperativas, que se reciben asesoría de abogados y activistas defensores de derechos humanos con el fin de solicitar la protección del Poder Judicial para poder salir a pescar camarón sin ser molestados por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional encuentran apostados en los muelles de San Felipe, Baja California y Golfo de Santa Clara, Sonora.
Uno de los principales argumentos en su defensa es que el Acuerdo que apareció el 24 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), omitió la consulta pública a la que obliga la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), al ser publicado por la Secretaría de Marina (Semar), aprovechando que la Ley Federal del Procedimiento Administrativo en su artículo 69-A, hace una excepción en su caso y en el de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Los amparos colectivos serán presentados por distintos bufetes de abogados, entre los que se encuentra, Rigoberto García Soto, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Conapesca hasta 2018, quienes tienen confianza de obtener primero la suspensión provisional para que los jueces entren a analizar el fondo de las reclamaciones, y después otorguen la suspensión definitiva.
