Ciudad de México a 2 de agosto de 2023.- El mandato de Miguel Ángel Riquelme Solís como gobernador de Coahuila finalizará en noviembre, pero su sucesor deberá enfrentar las consecuencias de un desastre económico resultado de una mala gestión financiera y actos de corrupción en el estado.
La Auditoría Superior de Coahuila (ASEC) emprendió acciones significativas al presentar 63 denuncias penales durante el segundo semestre de 2022. Estas denuncias fueron interpuestas ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción debido a las sospechas de irregularidades en los ejercicios fiscales de 2017, 2018, 2019 y 2020.
Los artículos 70 al 74 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila disponen de una serie de sanciones dirigidas a los servidores públicos que cometan faltas administrativas graves, al incluir suspensiones de hasta 90 días, destitución, multas económicas y la posibilidad de ser inhabilitados.
Reporte Índigo reveló que la Auditoría Superior presentó más de 430 denuncias penales durante el período de 2013 a 2022, como resultado de su análisis de las cuentas públicas.
En el transcurso del año 2022, se aplicaron un total de 16 multas debido a diversas infracciones relacionadas con el incumplimiento de los requerimientos de información formulados por la Auditoría y la omisión en la presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera y/o Cuenta Pública.
Adicionalmente, en el primer trimestre del 2023, surgió una problemática adicional al evaluar el Informe de Avance de Gestión Financiera. El análisis puso al descubierto una situación desafiante para los tres poderes del estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), quienes enfrentaron graves dificultades de liquidez para poder cumplir con sus compromisos financieros.
“Al 31 de marzo de 2023, en término globales los poderes del estado no contaron con liquidez (0.82 pesos), dos poderes no contaron con activos circulantes suficientes para cumplir con sus compromisos a corto plazo, mientras que el restante reveló contar con capacidad de pago”, indica dicho informe.
El medio de comunicación también informó que, dentro del análisis realizado sobre el estado de Coahuila, no se llevaron a cabo evaluaciones para nueve de los 146 entes que conforman la región. Entre estos, se destacan el Fideicomiso del Fondo para la Seguridad Pública de la Región Laguna de Coahuila y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, los cuales están actualmente en proceso de extinción.
Asimismo, el Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial, el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Saltillo, el Instituto Municipal de Planeación de Piedras Negras y el Instituto Municipal de Emprendimiento de Torreón también fueron excluidos de la evaluación.
La ausencia de avances en la gestión financiera de la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila y el Instituto Coahuilense de Cultura es motivo de creciente preocupación. A pesar de su responsabilidad de presentar informes y resultados, hasta la fecha no cumplieron con este deber. Como resultado, podrían enfrentar sanciones conforme a lo estipulado en la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado.
Por otro lado, se generó un desconcierto en relación con el gobierno de Riquelme, debido a la incapacidad de justificar y demostrar el destino de la cifra de 6 mil 827 millones 410 mil 053.79 pesos. En noviembre, será la última oportunidad para que el mandatario rinda cuentas ante el Poder Legislativo, que hasta ahora, muestra un inusual respaldo hacia él en esta cuestión.
Ante las acusaciones de irregularidades y quejas, la mayoría priista en el Congreso votó en contra del intento de abordar el tema, mientras el mandato de Miguel Ángel Riquelme llegará a su fin.
