Ciudad de México, a 25 de enero de 2022.-Ante legisladores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, presentó, vía zoom, su informe anual de actividades correspondiente a 2021.
Bajo la dirección de la presidenta en turno de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, senadora Olga Sánchez Cordero, Piedra Ibarra sostuvo que las reformas que se han impulsado permiten reducir los tiempos de atención de quejas y conclusión de expedientes, hacer más recomendaciones y desahogar las que quedaron pendientes de cumplimiento.
Resaltó que, si se quiere construir un mejor país, la mejor asociación para lograrlo es “una Comisión Nacional de los Derechos Humanos autónoma, en plenitud de su ejercicio, como garantía de la contención de los excesos del poder, y una autoridad abierta al escrutinio y al juicio de quienes tenemos el deber de cuidar sus actos”.
Durante la intervención de legisladoras y legisladores, las senadora Patricia Mercado (MC) cuestionó el actuar de la Comisión en torno al asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, la militarización en el país, la prisión preventiva oficiosa, el caso de José Manuel del Rio Virgen y del cuerpo del bebé aparecido en un centro penitenciario de Puebla.
Por el PT, el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) denunció que a lo largo de casi dos años se ha perseguido, atropellado, discriminado, violado derechos humanos e incluso se ha llegado a quitar la vida a algún ciudadano por medidas sanitarias, pero que en realidad se convirtieron en medidas que aterrorizaron a la población. Al respecto, dijo, “la CNDH no dijo y sigue sin decir nada”.
A la vez, el senador José Alfredo Botello Montes (PAN) recordó “las maneras tan desaseadas en que la presidenta fue electa, la forma tan cuestionable en que se conducen algunos de sus funcionarios, el reglamento que le otorga todas las facultades a un subordinado, pero, sobre todo, las ausencias absolutas de la Comisión ante los graves problemas nacionales en materia de derechos humanos, están poniendo en severo riesgo la viabilidad misma de la institución”.
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