Ciudad de México, 29 de enero de 2024.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para una sesión crucial este lunes, donde discutirá y votará sobre la constitucionalidad de la extinción de 109 fideicomisos públicos. Esta decisión, interpuesta por senadores de oposición, reta las reformas implementadas en noviembre de 2020 por Morena, PT y PVEM en el Congreso de la Unión.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena liderará la ponencia, evaluando si la derogación de estos fideicomisos a través de enmiendas a 17 leyes secundarias, y su publicación en el Diario Oficial de la Federación por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cumple con los preceptos constitucionales.
Durante la legislación de estas reformas, los partidos gobernantes argumentaron que la cancelación de los fideicomisos, incluyendo aquellos destinados a des
Sin embargo, dos años después de su extinción, María Elena Álvarez-Buylla, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), reveló que una parte de estos recursos se asignó a «proyectos prioritarios» del gobierno, como el Tren Maya, la Refinería Olmeca de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Esta revelación cobró relevancia el 27 de noviembre de 2020, cuando senadores del PAN, PRI, PRD y MC impugnaron la constitucionalidad de la extinción de los fideicomisos. Argumentaron que las reformas deberían ser revisadas en abstracto, más allá de las consecuencias directas que hayan provocado.
La sesión de hoy en la SCJN no solo es significativa por el número de fideicomisos involucrados, sino también por la diversidad de áreas afectadas, que incluyen derechos humanos, periodismo, desarrollo internacional, hidrocarburos, electricidad, presupuesto y responsabilidad hacendaria, protección civil, desarrollo agropecuario, ciencia y tecnología, cinematografía, derechos federales, petróleo, bioseguridad, cambio climático, víctimas, ahorro y préstamo, y cooperativas.
La decisión de la SCJN sobre este tema es de gran importancia, ya que no solo determinará el destino de estos fondos, sino que también sentará un precedente sobre cómo se manejan y supervisan los recursos públicos en México. Esta resolución podría influir significativamente en el panorama político y económico del país.
