La relatoría de la ONU «urge al Gobierno mexicano a legislar sobre las garantías para las personas desplazadas internas y otorgar financiamiento adecuado para su protección y soluciones duraderas», dijo la experta en un comunicado emitido en la sede del organismo en Ginebra, tras finalizar el 9 de septiembre pasado su primera visita oficial al país latinoamericano.
Jimenez-Damary dijo que varias instituciones y niveles de Gobierno deben tener la capacidad para prevenir el desplazamiento y proteger a las víctimas.
También pidió al Gobierno «crear un registro federal de víctimas de desplazamiento interno para crear conciencia y asignar un presupuesto suficiente para brindarles una atención integral».
Además de la capital mexicana, la relatora visitó durante dos semanas los estados de Chiapas y Guerrero en el sur del país y Chihuahua en el norte, donde se reunió con responsables de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial federal y local
Un registro federal único de personas desplazadas internas recomendado, «no solo debe incluir a quienes han sido reconocidos legalmente, sino también a quienes no cuentan con ese reconocimiento legal, pero son desplazadas de facto», dijo Jimenez-Damary, al presentar sus «observaciones preliminares» de la visita.
La funcionaria de la ONU escuchó de las víctimas del desplazamiento interno y de las comunidades afectadas, «cómo la violencia, los conflictos agrarios, a veces relacionados con proyectos de desarrollo, la minería, la tala ilegal y los desastres obligaron a las personas a desplazarse».
Además, observó «los impactos del desplazamiento» en mujeres, familiares de personas desaparecidas, miembros de pueblos y comunidades indígenas, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y miembros de la comunidad LGBTI, detalla el avance del informe.
Ese documento preliminar también se basa en reuniones sostenidas con organizaciones de la sociedad civil, entes autónomos defensores de derechos humanos, diplomáticos, agencias de la ONU y organizaciones internacionales.
«El registro no debe otorgar un estatus legal, pero debe tener el propósito de facilitar la protección y la asistencia humanitaria», prosigue el texto de la relatora.
La experta dijo que es «fundamental» que la población desplazada participe de manera efectiva en las decisiones que les afectan.
El informe completo sobre la visita será presentado en junio de 2023 por la funcionaria que desempeña el cargo desde 2016.
Un informe del primer trimestre de este año de la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos —organismo civil que ha hecho seguimiento de ese fenómeno durante un lustro— reveló que casi 45.000 personas han sido obligadas a huir de sus comunidades por la violencia del crimen organizado.
