CIUDAD DE MÉXICO, 03 de noviembre de 2023 – La diputada Mónica Herrera Villavicencio, perteneciente al partido Morena, ha presentado una iniciativa que pretende modificar el Código Penal Federal, con el fin de incrementar las penas impuestas en delitos de abuso sexual y violación, especialmente cuando las víctimas son personas con discapacidad o de la tercera edad.
La propuesta legislativa, que ya ha sido turnada a las comisiones de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables para su análisis y dictamen, sugiere añadir una fracción al artículo 266 Bis del Código Penal Federal. Esta adición plantea un aumento de hasta el 50% en las penas existentes para estos delitos cuando afecten a miembros de grupos considerados como vulnerables.
Según el marco legal vigente, el abuso sexual es punible con penas de seis a 10 años de prisión y multas de hasta 200 días, mientras que el delito de violación puede acarrear condenas de ocho a 30 años de cárcel. De aprobarse la reforma, estas sentencias podrían incrementarse significativamente.
Herrera Villavicencio apoya su iniciativa con estadísticas recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que revelan una alarmante cifra de 14,016 delitos contra la libertad y seguridad sexual hasta agosto de 2023, una disminución con respecto a los 22,000 delitos reportados en todo el 2022, pero aún un porcentaje considerable del total de infracciones en el fuero común.
La diputada señaló que estos crímenes, que se cometen a diario, son indicativos de una sociedad que está decayendo en valores y resaltó la necesidad de abordar la violencia sexual como un problema de salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia sexual es una conducta que provoca desde lesiones y muerte hasta daños psicológicos y trastornos del desarrollo.
Además, la propuesta destaca las secuelas a largo plazo que sufren las víctimas de violencia sexual, incluyendo problemas de salud mental, sexual y reproductiva, así como un incremento en el riesgo de infecciones de transmisión sexual y VIH. A partir de esto, la iniciativa busca reforzar las disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, enfocándose en la protección no sólo de las mujeres sino de todos los grupos en situación de vulnerabilidad.
Esta iniciativa marca un paso importante en el compromiso del Poder Legislativo por formar parte activa en la lucha contra la violencia sexual y garantizar el derecho a una vida sin violencia. La legisladora reafirma con esta propuesta la obligación del Estado de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia, especialmente hacia aquellos que por su condición de discapacidad o edad avanzada se encuentran en una posición de mayor riesgo.
