Ciudad de México, 9 de octubre del 2023.- La mayoría de las personas en prisión preventiva de la capital del país, declaró que, de poder hacerlo, ejercerían su derecho al voto en los procesos electorales y eso es lo que sucederá en las próximas elecciones en la Ciudad de México, situación que se perfila como un gran reto para el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).
Lo anterior fue señalado por la presidenta de la Comisión Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, la consejera Electoral del IECM, Carolina del Ángel Cruz, durante la presentación del “Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de personas en prisión preventiva en la Ciudad de México y el ejercicio de sus derechos político-electorales”.
Detalló que el Diagnóstico es una encomienda derivada de una sentencia del TEPJF, que determinó que las personas en prisión preventiva se encuentran bajo la presunción de inocencia, por lo que sus derechos político-electorales se encuentran vigentes, pero han sido imposibles de ejercer por las condiciones de reclusión.
Por ello, aseguró, el Instituto Electoral se dio a la tarea de realizar este Diagnóstico, con el fin de conocer el contexto y las condiciones en que se encuentran las personas en prisión preventiva en la Ciudad de México, para proponer acciones afirmativas que permitan generar estrategias y contenidos en materia de educación cívica y construcción de ciudadanía, a favor de este grupo de atención prioritaria, en lo que concierne a garantizar sus derechos humanos y sus derechos político-electorales.
Indicó que para este estudio se visitaron los reclusorios varoniles del Norte, Sur y Oriente de la Ciudad de México, así como los centros femeniles de reinserción social de Santa Martha Acatitla y Tepepan. Agregó que este trabajo, implicó un reto y una gran experiencia, porque se pudieron apreciar las condiciones de las personas en prisión preventiva.
Al destacar que este estudio es pionero a nivel nacional, expuso algunos números plasmados en el documento. Por ejemplo, que hay una gran concentración de población procesada que se ubica entre los 25 y 39 años y, que hay más hombres que mujeres.
Respecto a la razón por la que se encuentran en prisión preventiva, detalló, proporcionalmente hay más hombres que mujeres procesados por delitos de robo, violencia familiar, tentativa de homicidio y acoso sexual; mientras que por delitos contra la salud, homicidio o extorsión hay más mujeres que hombres. “Sin importar la edad e ingreso económico, el principal delito es el robo”, apuntó.
Refirió que casi una tercera parte de las personas encuestadas se identificaron con algún grupo de atención prioritaria, entre ellos, personas en situación de calle.
En este sentido, la consejera del IECM expuso la necesidad de analizar la prisión preventiva como una violación a los derechos humanos, porque dicha violación rompe en todo momento la presunción de inocencia.
En su mensaje de bienvenida, la directora de Educación Continua del Claustro de Sor Juana, María Teresa Atrián Pineda, celebró la presentación del Diagnóstico, dado el compromiso de esa institución educativa con la formación de los derechos humanos, la gestión de la paz y el derecho.
Consideró que la prisión preventiva es un recurso legal o una medida cautelar muy cuestionada, porque en muchas ocasiones desincentiva la investigación criminal y puede violentar derechos, entre ellos la presunción de inocencia.
En su participación, Regina Gallegos Triana, integrante del equipo de investigación que realizó el Diagnóstico, mencionó que la Constitución de la Ciudad de México es una de las primeras en considerar a las personas en prisión preventiva como un grupo de atención prioritaria. Derivado de ello, es que el IECM se encargó de analizar el contexto y las condiciones de este sector poblacional.
En este sentido, destacó que el IECM integró la Comisión provisional encargada de coordinar las actividades tendientes a recabar el voto de las personas en prisión preventiva para el Proceso Electoral Ordinario 2023-2024, por lo que ya se estableció contacto con el sistema penitenciario, para proponer un plan de trabajo en coordinación con el Instituto Nacional Electoral para la promoción y participación de los derechos de las personas en prisión preventiva.
Finalmente, el profesor investigador de la Universidad del Claustro de Sor Juana, Gerardo Allende Hernández, coincidió en que la prisión preventiva es una deuda del sistema penal acusatorio y es un tema objeto de análisis y reflexión por parte de la academia, en busca de garantizar los derechos humanos y los derechos político-electorales.
Reconoció que el Diagnóstico es un informe contundente y, lo que se tiene que hacer, es asimilar los resultados para convertirlos en prácticas para garantizar los derechos humanos. De igual forma, dijo que a la academia le corresponde diseñar campañas de difusión sobre el derecho a la participación y el derecho al voto.
