CDMX a 13 de octubre de 2020.- El I Congreso capitalino estudiará la iniciativa para robustecer las facultades de investigación y persecución que realiza la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México en materia de los delitos relacionados con el abuso sexual, con el fin de fortalecer el combate a este flagelo que afecta directamente a la infancia y adolescentes.
Al presentar esta iniciativa, el diputado del PAN, Christian Von Roehrich de la Isla, resaltó que en promedio una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños sufre abusos sexuales antes de cumplir 18 años de edad.
En el desarrollo de la sesión ordinaria, vía remota, también se presentó una iniciativa para modificar el Código Penal local para sancionar con prisión de dos a cinco años a quien o quienes expidan o ayuden en la promoción, y elaboración de certificados apócrifos de bachillerato, títulos universitarios o Cédulas Profesionales, incluso a quien promueva mediante redes sociales la expedición de los mismos.
Con relación al robustecimiento de las facultades de la FGJ, Von Roehrich de la Isla, agregó que de acuerdo con el Sistema de Seguridad Pública en el año 2019, sólo en un mes se contabilizaron mil 530 denuncias por abuso sexual sin considerar las que no se denuncian.
“Cerca de 99.7 de los casos no son denunciados por miedo o simplemente porque no tienen esperanza que las investigaciones ministeriales sean afectivas”, resaltó.
Afirmó que la reciente Ley que crea el Banco de ADN para uso forense de la ciudad es de gran avance para la conformación de una base de datos de información genética de agresores sexuales, y que éste no sólo debe cobrar importancia para castigar al abusador, sino que debe servir como un inhibidor de este tipo de conductas y lograr combatir el creciente número de abusos sexuales.
Subrayó que para que la Fiscalía cuente con las facultades suficientes para operar el manejo de registros genéticos, y que dicha información no se maneje manera facciosa, imparcial o violando derechos fundamentales, es relevante precisarlas y enlistarlas en su Ley Orgánica.
La propuesta fue turnada para su análisis y dictaminación a las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, y a la Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
En su oportunidad, el diputado Eleazar Rubio Aldarán, de MORENA, presentó una iniciativa para equiparar al delito de fraude y sancionar con prisión de dos a cinco años y de 600 a cinco mil días multa, además de la destitución e inhabilitación del cargo, a quien o quienes expidan o ayuden en la promoción y elaboración de certificados de bachillerato, títulos universitarios o Cédulas Profesionales originales o falsas o a quien lo anuncie o promueva mediante redes sociales la expedición de los mismos.
Propone una penalidad de 400 a dos mil días multa al apoderado o representante legal de la empresa o plataforma que permita el anuncio de este tipo de servicios ilícitos.
El objetivo es dar certeza jurídica a la ciudadanía de que los profesionistas cuenten con Cédulas Profesionales y sólo ejerzan su trabajo quienes hayan cursado y acreditado sus estudios de Licenciatura.
“Hace falta legislar respecto a este tipo de prácticas ilegales en los medios de comunicación, que algunas veces se trata de fraudes y en otras se obtienen certificados y títulos originales de forma ilegal por parte de empleados y funcionarios de la Secretaria de Educación”, señala el documento turnado a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y elaboración de dictamen.
