Ciudad de México, 12 de febrero de 2024 – El diputado Brígido Ramiro Moreno Hernández, representante del Partido del Trabajo (PT), ha dado un paso importante en la lucha contra las prácticas abusivas en el ámbito comercial al presentar una iniciativa de reforma al artículo 7 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. La propuesta tiene como objetivo principal prohibir que los proveedores transfieran la comisión por el servicio de la terminal punto de venta al consumidor.
La iniciativa, enviada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, tiene como propósito garantizar certeza y seguridad jurídica tanto a los usuarios como a los proveedores en las relaciones comerciales. Además, busca frenar las malas prácticas que han proliferado en torno al cobro de comisiones indebidas por el uso de terminales punto de venta.
Moreno Hernández argumenta que, si bien el uso de tarjetas de crédito y débito para realizar pagos se ha vuelto cada vez más común gracias a los avances tecnológicos, también ha dado pie a que algunos proveedores cobren comisiones adicionales, que oscilan entre el 3 y el 5 por ciento del valor total de la compra, lo cual considera abusivo e injusto para los consumidores.
El legislador destaca que estas prácticas no solo afectan a los usuarios, sino que también obstaculizan la promoción de la inclusión financiera, al crear la percepción de que es más costoso realizar transacciones con tarjetas que en efectivo.
En este contexto, Moreno Hernández hace hincapié en la importancia de que los proveedores exhiban de manera clara y visible el monto total a pagar por los bienes o servicios ofrecidos, incluyendo impuestos, comisiones y cualquier otro costo asociado.
El diputado también señala que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reconoce la indebidez del cobro de comisiones por el uso de terminales punto de venta, instando a los usuarios afectados a comunicarse con su banco para tomar medidas al respecto.
Con esta reforma, se busca eliminar cualquier justificación para el cobro de comisiones injustas, promoviendo la equidad, la certeza y la seguridad jurídica en las relaciones comerciales entre proveedores y consumidores.
