Ciudad de México, 30 de septiembre de 2020. – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, admitió hoy la expectativas creada por la corte de justicia del tribunal supremo sobre si aprobará una consulta popular para enjuiciar a cinco exmandatarios.
En su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el gobernante calificó de trascendente lo que suceda mañana en la corte pues no se decide solamente si se hace o no la consulta, sino si se aplica la democracia representativa o participativa pues es lo que realmente está en cuestión.
La consulta al pueblo es para saber si está de acuerdo o no en enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por los actos de corrupción y entrega del patrimonio nacional a manos privadas con graves daños para el país.
López Obrador dijo que es muy sencillo de explicar: o se quiere que el pueblo vote solo cada seis años para tener representantes, o pueda ser consultado cuando se trate de asuntos trascendentes de interés general y sea quien decida.
Por lo tanto, la consulta popular solicitada va más allá del margen estrecho de la legalidad judicial a la cual se quiere encajonar, y con ello no quiero decir que un referendo deje de ser legal, y lo aclaro, afirmó el mandatario, porque está en la constitución, en el artículo 35 el cual consagra ese derecho del pueblo.
Ahora se quiere hacer creer, explicó, que si se lleva a cabo una consulta popular para enjuiciar a expresidentes se violan los derechos humanos de las personas en cuestión cuando en realidad no hay ningún tipo de hecho de ese tipo.
En la solicitud, explicó, se establece con claridad que en el caso que el pueblo decida sean juzgados se actúe de conformidad con los procedimientos legales, se aplique el debido proceso, que los acusados tengan derecho a la defensa y no se les violen sus garantías, así de claro.
Tengo la responsabilidad, dijo, de buscar que en México se lleven a cabo las consultas ciudadanas y otros métodos democráticos constitucionales, y de lo contrario habrá que reformar ese artículo 35 de la Constitución para que no se puedan cancelar esas actividades.
Llamó a que cada poder asuma su responsabilidad y en este caso el judicial, pues no se termina con la aprobación o no de la consulta sino que son procesos en los cuales intervienen la fiscalía, los jueces dentro de un marco de estado de derecho autentico, sin impunidad ni privilegios.
Tomado de Prensa Latina
