Almoloya de Juárez, Méx., 24 de enero de 2024 – En un giro dramático en los anales de la política local, Raymundo Martínez Carbajal, ex presidente municipal de Toluca, ha sido vinculado a proceso penal este miércoles. Se le imputa el delito de secuestro exprés con fines de extorsión, y se le ha ratificado la medida cautelar de prisión preventiva. Martínez Carbajal afrontará su juicio desde la cárcel en las próximas semanas, marcando un episodio sin precedentes en la región.
La juez de control de los juzgados del penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, ha considerado que los elementos aportados por el ministerio público son suficientes para presumir la implicación de Martínez Carbajal en el secuestro de quien fuera su suegro en abril del año pasado. Este acto, presuntamente orquestado con el fin de presionar a su ex esposa para la devolución de unos diarios personales del edil, ha escalado a niveles de escándalo público.
En el expediente, se señala también la participación de cuatro policías municipales de Toluca y dos colaboradores cercanos a Martínez Carbajal, de los cuales uno ya ha sido detenido y vinculado a proceso. Este caso pone en evidencia una red de complicidades que se extiende más allá del propio ex alcalde.
A pesar de los esfuerzos de la defensa, que argumenta la falta de pruebas sólidas, la juez ha considerado la imputación válida basándose en los testimonios de la víctima y de la ex esposa del acusado. El relato de los eventos es impactante: un comando de la policía municipal irrumpiendo violentamente en la oficina del ex suegro, su posterior secuestro y una amenaza directa de Martínez Carbajal a su ex esposa, todo ello en un intento por recuperar sus diarios personales.
El ministerio público ha reforzado su caso con 18 videos y transcripciones de conversaciones de WhatsApp, que no solo evidencian el acto delictivo, sino también revelan la turbulenta relación entre Martínez Carbajal y su ex pareja.
Con la confirmación de la prisión preventiva, Martínez Carbajal permanecerá en el penal de Santiaguito, enfrentando un futuro judicial incierto. La juez ha otorgado un plazo de dos meses para la conclusión de la investigación complementaria, brindando así un margen para que la defensa del ex presidente municipal recopile pruebas que puedan desvirtuar las acusaciones.
Este caso no es solo un asunto de justicia local, sino que se ha convertido en un símbolo de las complejidades y desafíos en la administración de justicia en México, evidenciando cómo la política y el poder pueden entrelazarse con actos delictivos.
