Ciudad de México a 25 de noviembre del 2021.-Los hechos ocurrieron el 22 de noviembre cuando se reportó la detención de dos adolescentes, una menor de 15 años y un joven de 16, originarios del pueblo Na Savi, de la comunidad Joya Real, en el municipio de Cochoapa el Grande.
Según el Centro Tlachinollan, la madre de la menor tenía muchas deudas por el asesinato de su pareja, por lo que optó por arreglar un matrimonio con un vecino a cambio de un dote de 200.000 pesos (10.000 dólares).
No obstante, ambos menores huyeron de casa, pero fueron detenidos y encarcelados por la policía comunitaria, al igual que dos adultos que habrían aconsejado a los jóvenes a escapar.
Interviene gobierno estatal
Tras darse a conocer el caso, elementos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos estatal acudieron al poblado para intervenir en la liberación de los adolescentes detenidos.
En el operativo también participó un representante de la Fiscalía Regional de Pueblos Indígenas, la Síndica Procuradora de Cochoapa el Grande, y elementos de la policía estatal y la Guardia Nacional.
Por su parte, la gobernadora Evelyn Salgado condenó lo sucedido e informó que ambos jóvenes están bajo custodia del DIF estatal.
Un problema común en Guerrero
En un comunicado de prensa, el Centro Tlachinollan recordó que, tan sólo en noviembre, se han registrado cinco casos similares, ya que el matrimonio forzado es una práctica que continúa en ciertas poblaciones de La Montaña.
«Estos casos suceden de forma constante en varias comunidades de La Montaña y no hay autoridades que atiendan con presteza y eficacia a las niñas que son víctimas de matrimonio forzado», se lee en el pronunciamiento.
Asimismo, criticaron la falta de un plan integral para atender el problema, a pesar de que el pasado 10 de noviembre la gobernadora presentó la Estrategia para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes de la Monta y Costa Chica.
«Las autoridades federales y estatales no toman en cuenta a las comunidades indígenas y mucho menos llegan a estas localidades. Todo lo quieren resolver con oficios escritos en español que no se leen porque la población mayor es analfabeta», criticó el centro de derechos humanos.
