• 2 de mayo de 2024 04:04

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El INAI ahorra millones ante vacantes de comisionados, mientras el TEPJF enfrenta una crisis de gobernabilidad.

Ciudad de México, 22 de diciembre de 2023 – El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ha retenido este año 8.2 millones de pesos de su presupuesto, originalmente destinado a sueldos de tres comisionados aún pendientes de designación por el Senado de la República. Según declaraciones del Instituto, liderado por Adrián Alcalá Méndez, esta cantidad será utilizada para cubrir el arrendamiento de su sede en la Avenida Insurgentes Sur, que asciende a 6.2 millones de pesos anuales, y para un juicio laboral en curso desde 2015. Ambos pagos serán auditados y transparentados.

Esta medida surge como respuesta a la reducción presupuestal de 71 millones de pesos propuesta por la Cámara de Diputados para el 2024, asignando al Inai un presupuesto de mil 97 millones de pesos para el próximo año. El Instituto ha estado incompleto por 269 días, afectando su operatividad, incluyendo un periodo de 140 días sin sesionar debido a la falta de acuerdo en el Senado para designar a los comisionados faltantes.

El Inai recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poder sesionar con cuatro de sus siete integrantes desde el 23 de agosto de 2023, enfrentando una acumulación de más de ocho mil recursos de revisión. Con los sueldos de los comisionados pendientes de designación sin ejercer, el Instituto ha generado un ahorro de 8.2 millones de pesos en 2023.

La falta de comisionados también ha impactado la cantidad de resoluciones del pleno del Instituto; en 2022 se atendieron 844 denuncias, con solo dos sanciones impuestas, mientras que en 2023 se han atendido 75 denuncias, todas en trámite. El Inai enfatiza su apego a la Ley Federal de Austeridad Republicana y a las Leyes de Transparencia en el manejo de sus recursos.

Por otro lado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) enfrenta una situación similar, con vacantes no cubiertas desde octubre pasado y una crisis de gobernabilidad reciente. La falta de magistrados en el TEPJF ha representado un ahorro de 588 mil pesos el último mes, sin contar otros beneficios incluidos en su manual de remuneraciones.

La elección de Mónica Aralí Soto como presidenta del TEPJF el pasado 15 de diciembre marca un punto crítico, especialmente a pocos meses de las elecciones presidenciales, donde compiten Claudia Sheinbaum Pardo por Morena y Xóchitl Gálvez Ruiz por el Frente Amplio por México.

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