Daysi Casas
CDMX a 27 de marzo de 2021 (Noticias México).- La Cámara de Diputados recibió ayer viernes la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la Ley de Hidrocarburos; la que busca contravenir el contrabando de combustibles que causa millonarias pérdidas al erario y competencia desleal para los permisionarios legalmente establecidos.
De acuerdo con una estimación realizada por la Cámara de Diputados, la cantidad de litros diarios no entregados a los consumidores por este concepto asciende a un millón 736 mil litros, lo que a un precio promedio de 19.32 pesos implicaría que las gasolineras que utilizan el software conocido como “rastrillo” o componente, obtienen ganancias que ascenderían a 33 millones 539 mil 520 pesos diarios.
La iniciativa del ejecutivo federal precisa que el acceso a los energéticos es fundamental para el desarrollo social y económico de las personas y sus comunidades. No obstante, en México existe una desigualdad en el acceso a la energía que se deriva principalmente de la corrupción y de diversas actividades ilícitas.
Esta reforma busca a la vez, desincentivar diversas prácticas relacionadas con el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos, así como reordenar diversas actividades económicas en el sector energético, con el fin de combatir la corrupción, garantizar el abasto, proteger la economía nacional y los ingresos que percibe el Estado.
Con las reformas se busca incidir en varios aspectos de la Ley de Hidrocarburos como: almacenamiento mínimo de petrolíferos establecidos por la Secretaría de Energía; negativa ficta en el procedimiento de trámite de los permisos; revocación de permisos en caso de reincidencia en el incumplimiento de diversas disposiciones aplicables en materia de hidrocarburos y petrolíferos; sancionar y desincentivar el contrabando de combustible; suspensión de permisos por peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad estratégica o para la economía nacional.
En los considerandos, se argumenta que, pese a los avances, existe una problemática que aún queda pendiente de atender y está relacionada con los ilícitos que cometen los distribuidores de combustibles que despachan cantidades menores a las que los usuarios pagan, situación que representa un grave problema para la economía familiar.
Siguiendo con los trámites legislativos, la iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria y se turnó a la Comisión de Energía, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
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