• 1 de mayo de 2024 19:36

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Diputados consultan a Rarámuris en foro abierto de democracia participativa

Ciudad de México, a 15 de marzo de 2021. Durante el Foro de Consulta para la dictaminación del proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, el diputado federal, Ulises García Soto (Morena), afirmó que este marco jurídico será una herramienta para que las etnias puedan defenderse en caso de despojo de sus tierras.

El también integrante de la Comisión de Pueblos Indígenas, organizadora del Foro, apuntó que las propuestas de las comunidades autóctonas serán incluidas para enriquecer la Ley General, la cual es un paso más hacia la democracia participativa.

En la sede Guachochi, Chihuahua, uno de los más importantes territorios de la etnia rarámuri o tarahumara, en el centro de la Sierra Tarahumara, destacó que “vamos caminando hacia un México más incluyente donde quepamos todos, que nos respetemos todos, que no se avergüencen del color de piel, ni de sus ropas, ni de sus lenguas; un México plurinacional que encuentre en su diversidad cultural una constelación de muchos colores que brillen para siempre”.

No sólo se consultarán temas legislativos o administrativos, sino también proyectos de infraestructura. “Si ustedes no quieren una minera, una presa o un aeropuerto, no se construyen. Una de las virtudes de este proyecto de ley es que los resultados de las consultas que se hagan son vinculantes; si las comunidades dicen no, será no”, precisó.

Al inaugurar el Foro, el diputado Miguel Ángel Colunga, secretario de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de Chihuahua, resaltó la importancia de la participación de las comunidades y pueblos, quienes tienen que ser sujetos de derechos y definir su destino. “Es vital avanzar en crear los instrumentos para que la determinación de los pueblos sea efectiva y real”, apuntó.

Nicolás Víctor Martínez Juárez, representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Chihuahua, planteó la relevancia de que los trabajos fortalezcan la propuesta de la Ley General de Consulta a través de sus opiniones e ideas, y coadyuven a protegerlos.

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