Ciudad de México, 05 de enero de 2024.- La diputada Gabriela Salido Magos, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, ha tomado medidas decisivas para atender la solicitud de un periodo extraordinario de sesiones, propuesta por la Presidencia de la Junta de Coordinación Política. Esta petición, formalizada mediante el acuerdo AC/CCMX/II/JUCOPO/3A/018/2023, ha sido aprobada por el órgano colegiado y marca un paso importante en la gobernanza de la ciudad.
En su rol como Presidenta de la Mesa Directiva, la diputada Salido Magos ha hecho hincapié en la necesidad de que todas las acciones emprendidas por los miembros del Congreso se adhieran estrictamente a las normativas vigentes. Este énfasis en el apego a la Ley Orgánica y al Reglamento del Congreso de la Ciudad de México es crucial para el mantenimiento del orden y la legalidad en las operaciones legislativas.
La realización de una sesión de la Comisión Permanente fuera de los días estipulados por la Mesa Directiva requiere una convocatoria oficial, acorde con lo establecido en el artículo 59 de la Ley Orgánica. Sin embargo, la diputada señaló que, a pesar de estas disposiciones, la Presidencia no tiene facultad para coordinar individualmente los trabajos de la Comisión Permanente. Según el artículo 58 de la Ley Orgánica, esta responsabilidad recae exclusivamente en la Mesa Directiva como órgano colegiado.
La legisladora ha subrayado la importancia de respetar la ley y asegurar que todas las partes involucradas en el proceso legislativo hagan lo mismo. En este contexto, cualquier intento de convocar a una sesión de la Comisión Permanente que contravenga lo establecido por la ley sería considerado nulo de pleno derecho. Este posicionamiento refuerza el compromiso del Congreso de la Ciudad de México con el respeto a la legalidad y la transparencia en sus procedimientos.
Este enfoque riguroso hacia la observancia de la ley subraya la importancia de una gobernanza responsable y respetuosa de las normas en el Congreso de la Ciudad de México, un principio fundamental para la eficacia y legitimidad del proceso legislativo.
