Gabriel kast
CDMX a 7 de octubre de 2021 (Noticias de México).- El Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero, informó que con la reforma penal fiscal; en 2020 se desactivaron ladrones de cuello blanco; organizados en grupos criminales dedicados a defraudar como empresas y evitar pago de impuestos.
Refirió que se han interpuesto en lo que va del sexenio unas 570 querellas por delitos fiscales que implican un daño mayor a 20 mil millones de pesos en contra del fisco federal y del patrimonio nacional. Incluidos casos de factureros, políticos corruptos, empresarios evasores y empresas que ya pueden ser perseguidas penalmente cuando el delito se comete a su nombre en su beneficio.
En reunión con diputados de la Comisión de Hacienda que preside Armando Melgar, mencionó que se ha logrado la vinculación a proceso en más de 100 casos por delitos fiscales que representan más de dos mil millones de pesos con daño al erario.
Precisó que en delito financiero se han detectado unos 50 asuntos relacionados con centros cambiarios que operan sin registro, así como Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo que operar de manera irregular.
Refirió que se tienen más de 190 sentencias condenatorias por montos de más de dos mil 600 millones de pesos; se emitieron auto de formal prisión con un monto de 800 millones de pesos y se cumplimentaron más de 100 órdenes de aprehensión.
“No más simulaciones, el daño al fisco y a los trabajadores ha sido inmenso, tenemos la convicción de combatir las prácticas ilegales en una clara competencia desleal con los empresarios honestos que cumplen sus obligaciones. La reforma penal fiscal y el outsourcing han hecho que haya un piso parejo”, aseguró Romero Aranda.
Y reiteró la importancia de que los legisladores de desacreditar los moches para combatir la corrupción, porque se emitía una factura para justificar esta acción.
En la reunión celebrada en las instalaciones del Palacio Legislativo, el funcionario destacó que el “grupo criminal más importante de subcontratación”, tenía casi 200 mil trabajadores en su nómina y la procuraduría ha logrado llegar a las cabezas de la banda.
En el marco de la revisión del Paquete Económico Federal 2022, el funcionario precisó que se han presentado 42 denuncias contra los grupos factureros más importantes del país y se preparan 100 querellas contra las personas que han consumido esas facturas o han recibido asimilables a salarios.
Ante las y los diputados de la Comisión de Hacienda, el procurador Romero Aranda, precisó que cuentan con órdenes de aprehensión en contra de los grupos de outsourcing y factureros “más importante del país”.
Señaló que el perfil que manejaban las personas que realizaban estas actividades era de muy alto nivel económico y con grandes fortunas, pero finalmente “son delincuentes de cuello blanco”.
La reforma fiscal y de outsourcing, de las más benéficas para combatir la corrupción refirió el funcionario; al subrayar que al eliminarse el outsourcing o subcontratación cerca de 2 millones 900 mil trabajadores han migrado a empresas reales donde tributan con salarios reales, los cuales han subido, en promedio, entre 10 y 15 por ciento.
Se calculaban 4 millones 700 mil trabajadores en terciarización; es decir, 40 por ciento de la plantilla laboral del país en esas condiciones. Estaban contratados por unas 7 mil 500 empresas, sólo 900 tenían registro ante la Secretaría del Trabajo. De las 900 sólo 100 tenían registro patronal ante el IMSS; y de esas 100, sólo 40 pagaban impuestos, señaló.
El funcionario Carlos Romero indicó que se tiene un régimen de excepción para perseguir el delito de delincuencia organizada, el registrar domicilios en zonas de alta marginación y contratar a personas con necesidad económica, para saber cómo se mueve el grupo, tener escuchas e infiltrados y cómo operan el dinero, a través de cateos, con criterios de oportunidad llegando al contador. Eso ha permitido llegar a las cabezas más importantes.
Agregó que la política criminal fiscal que se ha llevado a cabo incluye la persecución de delitos de grandes contribuyentes, los medios alternos de controversias penales y permitió presentar querellas el año anterior contra grandes corporaciones que habían omitido el pago de contribuciones, cometiendo el delito de defraudación y se firmaron acuerdos reparatorios, explicó.
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