CDMX a 5 de marzo, 2023.- Hasta el momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha recibido 10 controversias contra el Plan B de la Reforma Electoral por parte de organizaciones políticas y ciudadanas, instituciones y municipios comenzaron a interponer impugnaciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Hasta este domingo, el aparato judicial ya dio trámite a casi una decena de recursos con respecto a la primera parte del paquete de reformas.
El ministro Alberto Pérez Dayán el pasado 1 de marzo admitió la controversia que promovió el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de la Ley de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como parte de dicho primer bloque del Plan B.
Asimismo, hasta este domingo 5 de marzo, el mismo jurista dio entrada a siete controversias más. Se trata de los trámites que promovieron diversos municipios. Se trata de Naucalpan y Cuautitlán Izcalli, en Estado de México; Matamoros, Monclova y Sierra Mojada, de Coahuila, así como Comonfort y Guanajuato, de Guanajuato.
Sin embargo, Pérez Dayán no otorgó la suspensión que las demarcaciones solicitaron para frenar dichas leyes en sus territorios, pues se trata de normas generales. A dichas impugnaciones se suma una más promovida por el municipio de Chihuahua, las cual también fue admitida hace unos días.
En tanto, con respecto al trámite promovido por las autoridades electorales, la Suprema Corte consideró que las reformas aplicadas sí implican una “violación directa” a las funciones del INE en su calidad como un órgano constitucional autónomo. Frente a ello, el ministro Pérez Dayán suspendió dichos preceptos para que no sean aplicados en los próximos comicios electorales a celebrarse en el Estado de México y Coahuila este 2023. También, concedió un plazo de 30 días hábiles para que el Poder Ejecutivo o Legislativo presente una respuesta.
Sin embargo, frente al trabajo del ministro, la Presidencia de México lo acusó de hacer un “fraude a la Constitución”. Por medio de un comunicado de prensa, la oficina anunció que —a través de la Consejería Jurídica— impugnó la decisión de Pérez Dayán tras suspender la aplicación de las reformas generales a la Ley de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas en los estados de Coahuila y Edomex.
