CDMX a 21 de noviembre, 2024.- En un giro que ha sacudido los cimientos del sistema judicial mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha lanzado una serie de críticas sin precedentes contra la actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, acusándola de otorgar a los jueces una «licencia para robar». Este comentario surge en un contexto de aparente nostalgia por la gestión anterior de Arturo Zaldívar, durante la cual, según el mandatario, el gobierno tenía una intervención «respetuosa» en las decisiones judiciales.
Desde el Palacio Nacional, López Obrador expuso su visión de un Poder Judicial que, bajo la dirección de Piña, ha dejado de lado la justicia para favorecer la impunidad y la corrupción. Contrastando este periodo con el de Zaldívar, quien habría mantenido un diálogo con el Ejecutivo para influir de manera positiva en las decisiones de los jueces, AMLO lamenta la pérdida de este enfoque orientado al «interés general».
El presidente no solo reprochó la autonomía proclamada por Piña sino que también sugirió que su liderazgo ha permitido decisiones judiciales que favorecen la impunidad, citando ejemplos concretos como el descongelamiento de cuentas a la esposa de Genaro García Luna y la contratación de cercanos al exsecretario de Seguridad en puestos clave dentro del Poder Judicial.
Además, AMLO criticó la intención del Poder Judicial de eliminar la prisión preventiva, argumentando que esta medida forma parte de una estrategia para garantizar la impunidad. Esta crítica se inserta en un debate más amplio sobre la reforma judicial y la propuesta del presidente de que los jueces, ministros y magistrados sean elegidos por el pueblo, como una forma de «limpiar» el sistema de corrupción.
Este escenario revela no solo las tensiones entre los poderes Ejecutivo y Judicial en México sino también plantea interrogantes sobre la independencia judicial, la lucha contra la corrupción y la búsqueda de un equilibrio entre seguridad y derechos humanos en el país.
