OAXACA, Oax., 8 de noviembre del 2023 – A una semana de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictara medidas cautelares en beneficio de 144 familias triquis de la comunidad de Tierra Blanca en el municipio de Copala, tanto el gobierno federal como el estatal, liderado por Salomón Jara, guardan silencio. Así lo han denunciado miembros del Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente (Multi).Horacio Santiago Díaz, parte de la dirección del Multi, ha expresado su preocupación por la ausencia de acciones concretas frente a estas medidas. Según Santiago Díaz, la administración de Jara intentó evitar que la CIDH interviniera para que los asuntos internos de las comunidades indígenas se manejaran sin interferencia externa.
Sin embargo, las mesas de paz prometidas por el gobierno estatal se encuentran en un punto muerto desde febrero, lo que subraya la falta de avances en la conciliación entre las comunidades afectadas. Aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya había concedido medidas cautelares en 2022, tanto el anterior como el actual gobierno estatal las rechazaron, lo que llevó a las víctimas a buscar amparo legal para su implementación.
La situación se complicó aún más cuando la administración de Salomón Jara interpuso un recurso de revisión, prolongando el proceso legal y la incertidumbre para más de 500 personas en riesgo por desplazamiento forzado.
El reconocimiento por parte de la CIDH es visto como una victoria significativa por Santiago Díaz, quien recalca que el Estado mexicano tiene la obligación de abordar la crisis en la región triqui de la Mixteca oaxaqueña. El Estado tiene un plazo de 15 días para responder a la CIDH, pero hasta ahora, no se ha pronunciado al respecto.
Según Santiago Díaz, las medidas tomadas para abordar el desplazamiento forzado son meras simulaciones que no ofrecen protección real a las víctimas. Por el contrario, afirma que la violencia ha prevalecido ante la aparente desprotección estatal hacia las comunidades afectadas.
Las medidas cautelares dictadas por la CIDH se suman a la larga lucha del movimiento, que lleva casi tres años demandando un retorno seguro y justicia para las familias triquis. La situación de las comunidades indígenas en Oaxaca se mantiene en un estado crítico, esperando que las autoridades federales y estatales actúen conforme a los mandatos de derechos humanos internacionales y nacionales.
