CDMX, 22 de febrero del 2021.- Erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar y la justicia social universal son objetivos del Día Mundial de la Justicia Social, proclamados en 2008 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) –ya en la era de la economía digital–, y que también están contenidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.
Esas aspiraciones cobran fuerza en el escenario de devastación mundial causado por la pandemia de COVID-19 que puso al descubierto la brecha digital existente no sólo entre naciones industrializadas y en desarrollo, sino también dentro de los países, situaciones que se transforman en injusticias que pueden ser evitadas porque a menudo son problemas causados por personas y que persisten porque mucha gente se desentiende de ellos.
Así lo reconoce la Organización de las Naciones Unidas, instancia que en la resolución de la Asamblea General del 26 de noviembre de 2007 proclamó el 20 de febrero de cada año Día Mundial de la Justicia Social.
La resolución reconoce que el desarrollo social y la justicia social son indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad en las naciones y entre ellas, y que, a su vez, el desarrollo social y la justicia social no pueden alcanzarse si no hay paz y seguridad o si no se respetan todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Educación, salud, alimentación adecuada y vivienda digna, derecho al trabajo debidamente remunerado, divulgación de la cultura solidaria, derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, así como fortalecimiento de la seguridad y certeza jurídica, el derecho a la igualdad sin distinción de sexo, raza, credo religioso o posición económica conforman los derechos humanos fundamentales que en esta fecha se insiste en cristalizar, indica la Unicef.
Para lanzar el llamado a la “Justicia social en la economía digital”, que adopta como lema, Naciones Unidas toma como punto de partida el hecho indudable de que en la última década la expansión de la conectividad de banda ancha, la nube informática y los datos han llevado a la proliferación de plataformas digitales que han penetrado en varios sectores de la economía y la sociedad.
Desde principios de 2020, las consecuencias de la pandemia por COVID-19 han propiciado acuerdos de trabajo a distancia y han permitido que la actividad de muchas empresas pueda seguir adelante, reforzando aún más el crecimiento y el impacto de la economía digital, en particular, en lo que respecta a la disponibilidad, asequibilidad y el uso de la información, las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y el acceso a Internet, lo que ha agravado las desigualdades existentes.
En respuesta, el gobierno de México anunció la propuesta de reforma que recoge los planteamientos y aspiraciones de los pueblos indígenas del país fue recientemente aprobada por el Comité Técnico de Expertos de la Consulta para la Reforma Constitucional y Legal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, para reconocer como sujetos de derecho público con personalidad jurídica a pueblos y comunidades indígenas, lo que implica ejercer su libre determinación, autonomía, y acceder a recursos públicos a través de sus autoridades comunitarias.
