Ciudad de México, 13 de diciembre de 2023 – La Cámara de Diputados de México, dominada por el partido Morena y sus aliados, ha aprobado el desafuero del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, acusado de ejercicio ilícito del servicio público. La decisión, que contó con 230 votos a favor, 22 en contra y 170 abstenciones, permite proceder penalmente contra el fiscal, implicando un significativo paso en la lucha contra la corrupción y el mal manejo en el servicio público.
Durante el acalorado debate en el Pleno, que actuó como Jurado de Procedencia, la defensa de Uriel Carmona, encabezada por el abogado Gabriel Regino, denunció que el proceso constituye una revancha política. Regino afirmó que el caso era una “revancha política disfrazada de proceso parlamentario”, criticando a la Sección Instructora de la Cámara por no considerar la prescripción de los hechos imputados.
La polémica se intensificó cuando la defensa acusó a la unidad parlamentaria de “terrorismo” por no atender su petición de prescripción del caso. Sin embargo, un agente del ministerio público, Juan Gabriel Morales Hernández, refutó las alegaciones de la defensa, negando que el presunto delito haya prescrito. Según Morales Hernández, aunque el hecho fue cometido en 2018, la Fiscalía General de la República (FGR) tomó conocimiento del caso en 2020, y el proceso de desafuero interrumpe la prescripción del delito según el Código Penal.
Esta decisión llega tras recientes acusaciones por parte de la 4T contra jueces que supuestamente favorecieron tanto a Uriel Carmona como a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, en decisiones judiciales anteriores. La votación en la Cámara de Diputados evidencia la creciente tensión entre el poder judicial y el poder legislativo en México, así como el enfoque continuo del gobierno en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la justicia.
El caso de Uriel Carmona no solo pone de relieve los desafíos en la administración de la justicia en México, sino que también resalta las complicadas dinámicas políticas en juego. Mientras el proceso continúa, los ojos de la nación y de la comunidad internacional estarán puestos en los próximos pasos y en cómo este caso podría redefinir las normas de responsabilidad y transparencia en el servicio público mexicano.
