Ciudad de México, 15 de enero de 2024 – En un revelador informe, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha identificado a los agentes del Ministerio Público (MP) como los funcionarios públicos más sancionados por faltas administrativas y corrupción. Este preocupante hallazgo arroja luz sobre los retos de integridad y eficiencia dentro de la entidad.
En el período de enero a septiembre de 2023, 77 funcionarios públicos fueron sancionados, de los cuales un alarmante 80.5% (62 agentes) pertenecían al Ministerio Público. Esta tendencia no es nueva: en 2022, el 77% de los 151 sancionados eran agentes del MP, y en 2021, el 79% de los 98 funcionarios castigados también eran parte de este grupo.
Las sanciones impuestas incluyen suspensiones, amonestaciones públicas e inhabilitaciones. Por ejemplo, el agente Juan Antonio Trujillo Carrillo fue suspendido 30 días por no solicitar grabaciones de cámaras privadas, mientras que Carlos Vargas Rodríguez recibió una suspensión de tres días por omitir firmar documentos. La agente Basilia Hermila García Gutiérrez fue amonestada públicamente por no conducirse con legalidad durante una entrevista.
Un Policía de Investigación (PDI) de la fiscalía, bajo anonimato, comentó a El Sol de México que muchas de estas omisiones están relacionadas con una deficiente integración de las carpetas de investigación, sugiriendo a veces intencionalidad en estas faltas.
Los agentes del MP son cruciales en el proceso legal, ya que dirigen las investigaciones y determinan la naturaleza de los delitos y los responsables. Sin embargo, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, los Ministerios Públicos son percibidos como la segunda autoridad más corrupta en la Ciudad de México, con un 81.7% de los encuestados considerándolos más corruptos que jueces, el ejército o la Guardia Nacional.
Alejandra Hernández, investigadora de México Evalúa, señaló que a pesar de que la Ciudad de México cuenta con un número significativo de agentes del MP (1,799), lo que permite una carga de trabajo menor en comparación con el promedio nacional, los resultados no son los esperados. En la capital, solo el 3.7% de los casos son llevados a juicio, una cifra inferior al promedio nacional del 4.3%.
Hernández también criticó la ineficacia de la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía, que aún opera con regulaciones de la extinta Procuraduría General de Justicia, lo que sugiere una necesidad urgente de reformas para mejorar la rendición de cuentas y la eficacia en la persecución de la justicia.
Este panorama en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pone de relieve la necesidad de medidas más estrictas y una reforma integral para combatir la corrupción y mejorar la eficiencia en el sistema de justicia penal de la capital.
