Naucalpan, Méx., 28 de febrero de 2024.– La comunidad de Naucalpan se encuentra en el centro de una tormenta de indignación y protesta tras la reciente absolución de un hombre acusado de agredir sexualmente a su sobrina de tan solo 4 años. El juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, del penal de Barrientos en Tlalnepantla, dictaminó la absolución basándose en la «insuficiencia probatoria», lo que ha generado un amplio rechazo en redes sociales y entre activistas de derechos humanos.
El caso, que se remonta a un ataque cometido en febrero de 2022 en Atizapán de Zaragoza, ha llegado a un punto crítico después de que un video de la audiencia del 15 de febrero se viralizara. En este, se observa a la madre de la víctima confrontando al juez por su decisión, destacando la imposibilidad de que una niña de 4 años pudiera proporcionar detalles precisos como la hora y el lugar exactos de la agresión.
La agrupación Hermanas Aliadas AC fue quien difundió el video, capturando el momento en que la madre, con voz entrecortada, cuestiona la credibilidad otorgada a su hija y la lógica detrás de la sentencia. A esto, el juez Martínez Vitela respondió que la madre podría impugnar la sentencia en segunda instancia, pero esto no ha calmado las aguas, sino que ha intensificado el clamor por justicia y protección hacia las víctimas menores de edad.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), a través de su directora Tania Ramírez Hernández, ha pronunciado su descontento, asegurando que existen peritajes que corroboran la agresión sufrida por la niña. Según Ramírez Hernández, el fallo del juez contraviene el principio del interés superior de la niñez, que debe prevalecer en las acciones judiciales.
Por su parte, el Poder Judicial estatal ha emitido una tarjeta informativa justificando el fallo de Martínez Vitela, argumentando la falta de pruebas concretas que permitieran reconstruir los hechos aseverados por la acusación. Sin embargo, resaltan que la sentencia aún no es definitiva y puede ser objeto de apelación.
Este caso ha abierto un profundo debate sobre la eficacia y sensibilidad del sistema judicial frente a casos de abuso sexual, especialmente cuando involucran a menores de edad. La comunidad y diversos colectivos exigen que se tomen medidas serias para garantizar que este y otros casos sean tratados con la seriedad y responsabilidad que merecen, poniendo en primer plano la protección y los derechos de las víctimas.
