Insistió en que la ley debe de aplicarse en todos los poderes del Estado porque son fondos y recursos emanados del presupuesto público, y no puede haber excesos ni sueldos elevadísimos de los altos funcionarios, y además abultadas prestaciones sociales.
Ojalá, advirtió, que no haya que volver a presentar otra iniciativa de reforma para hacer nuevas precisiones sobre la austeridad, y que cada poder haga su aportación, que la asuman como una política para el desarrollo del país y el bienestar del pueblo porque ella permite liberar fondos para resolver necesidades.
No se puede admitir que haya funcionarios ganando 15 mil dólares más las prestaciones, que les permiten ir a restaurantes carísimos y darse la gran vida a costa del erario.
Anunció que pedirá al Poder Judicial que defina su política administrativa tanto en el combate a la corrupción como a un manejo austero de los recursos de la nación. El Consejo de la Judicatura puede llevar a cabo esta acción y emitir un ordenamiento al interior del Poder Judicial al respecto.
Cuestionó la actuación y el derroche de la Suprema Corte de Justicia y de la Judicatura y las instó a informar más a los ciudadanos de forma sistemática porque no son órganos solo para actuar en lo interno o que se sepa lo que hacen solo en sectores reducidos.
En honor a la verdad, dijo, casi nadie sabe qué hacen. ¿Cuántos ciudadanos saben que existe el Consejo de la Judicatura, ese órgano del Poder Judicial, y para qué sirve? La mayoría no sabe ni el nombre ni qué funciones tiene, y mucho menos en qué benefician al país.
Abogó por abrir todas estas instituciones para que la gente sepa que existen, que tienen una función y que están constituidas para servir al pueblo que es el soberano y el que manda en una democracia.