CDMX a 22 de octubre de 2020.- En la sesión virtual de este jueves, se presentó ante el Pleno el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para reformar la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, que plantea establecer que el cableado eléctrico suspendido en postes sea sustituido por sistemas subterráneos.
La propuesta fue realizada por el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, y la diputada Lizette Clavel Sánchez, quien resaltó el derecho de las personas titulares de las alcaldías a iniciar leyes y decretos sobre la normatividad local, establecido en la Constitución local y el Reglamento del Congreso.
Lizette Clavel indicó que el cableado elevado de electricidad, al llevar líneas de alta tensión, representa un riesgo permanente para la población, tiene altos costos de mantenimiento y produce una afectación a la imagen urbana, además de que este sistema de cableado data de hace 177 años, es decir, que se colocó en el año de 1843.
“Esta propuesta dota de avances en términos de protección civil a la población, como componente que incide en la seguridad pública, y sirve de elemento para la revalorización de los espacios públicos”.
Esta iniciativa sugiere que el cableado elevado sea sustituido por sistemas ubicados bajo tierra, cuya inversión económica inicial se amortizaría con la reducción de los costos de mantenimiento y al evitarse el robo de cableado y la toma ilegal de electricidad.
Para la instalación de este sistema subterráneo, se sugiere un modelo de inversión público-privado, similar al empleado en la alcaldía Miguel Hidalgo y en San Miguel de Allende Guanajuato, en coordinación con las empresas proveedoras de servicios de internet y telefonía.
Esta iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a las comisiones unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda y la de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público.
Por otra parte, la diputada Ana Patricia Báez Guerrero, del PAN, presentó otra iniciativa que propone reformar la Ley para la Donación Altruista de Alimentos de la Ciudad de México, con la cual se busca contribuir a la alimentación saludable de la población y a reducir el desperdicio de alimentos.
La legisladora afirmó que el modelo del Banco de Alimentos forma parte de la solución a los problemas de hambre, pobreza e inseguridad alimentaria, además de reducir el desperdicio de alimentos a nivel local, con un impacto ambiental positivo.
Informó que en el país se desperdician 20.4 millones de toneladas de alimentos al año, un promedio de casi 158 kilos por persona, y que tan sólo en la Central de Abastos se generan a diario 550 toneladas de desperdicios, de los cuales 70 por ciento son desechos orgánicos.
“Rescatar y entregar alimentos en buen estado no sólo impacta en la sociedad, también en el medio ambiente. Es importante promover las políticas públicas para reducir el desperdicio, que normalmente se debe a falta de información, mecanismos financieros, estándares sanitarios, tecnología e infraestructura para almacenar alimentos y barreras legales”, explicó.
Reconoció el funcionamiento de 600 comedores gratuitos en la Ciudad de México, pero señaló que son insuficientes para alimentar a todas las personas que lo requieren. Esta iniciativa se turnó a la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos.
