Un escándalo financiero sacude a Masari Casa de Bolsa y a sus altos directivos, entre ellos Adolfo Galván Romero, Diego Terán López y Manuel Herrejón Suárez, quienes ahora enfrentan denuncias por presunta participación en operaciones con recursos de origen ilícito.
Las acusaciones fueron formalmente presentadas ante la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
En el centro de las denuncias, Herrejón Suárez es vinculado con Alejandro Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), destacándose su posición como secretario de Vinculación Empresarial del CEN del PRI como un elemento potencialmente incriminatorio.
A lo largo de los años, Masari Casa de Bolsa ha estado sujeta a regulaciones establecidas por la Ley del Mercado de Valores, el Banco de México y la CNBV, pero ha enfrentado múltiples sanciones, incluyendo multas previas.
La empresa, autorizada por la CNBV en 2008 para operar como intermediaria en operaciones de valores, cambios y financieras, ha protagonizado conflictos legales previos, desafiando en diversas ocasiones las acciones de las autoridades regulatorias.
En este contexto, la denuncia busca la revocación de la autorización otorgada por la CNBV para operar como Casa de Bolsa, así como la intervención inmediata de sus instalaciones en Prado Norte, Lomas de Chapultepec, Ciudad de México.
Cabe destacar que, a pesar de una multa de 403 mil pesos impuesta por la CNBV en noviembre de 2021, la empresa aún no la ha liquidado, optando por presentar un juicio de nulidad. Este último episodio añade un nuevo capítulo a la problemática historia de Masari Casa de Bolsa.
