CDMX a 15 de febrero de 2021.- Legisladores locales y especialistas coincidieron en que la Ley de Evaluación debe ser acorde a lo establecido en la Constitución de la Ciudad de México y garantizar total respeto a los Derechos Humanos en la sociedad.
Durante un conversatorio virtual organizado por diputadas y diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Administración Pública local y de Planeación del Desarrollo, del Congreso de la CDMX, también participaron especialistas para analizar el proyecto de la Ley de Evaluación de la Ciudad de México.
En este sentido, la diputada Guadalupe Chavira de la Rosa (MORENA), presidenta de la Comisión de Administración Pública Local, indicó que estas mesas de análisis permiten conocer la postura de diversos especialistas, para enriquecer el proyecto de ley y el trabajo de los legisladores debe aportar la armonía con la Constitución local, para garantizar el respeto a los derechos humanos.
El congresista Federico Döring Casar (PAN), presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo, señaló que el reto es darle al Sistema de Evaluación un contenido a largo plazo y lograr que los indicadores de derechos humanos y la evaluación de las políticas públicas se transformen en recomendaciones presupuestales.
Por su parte, la diputada Martha Ávila Ventura, coordinadora del grupo parlamentario de MORENA, aseguró que las aportaciones y recomendaciones de las y los participantes forman parte del fortalecimiento a este marco legal.
Durante su intervención, la congresista Paula Soto Maldonado (MORENA), indicó que estas mesas de análisis dan muestra de la responsabilidad y el compromiso del Congreso local en este tema y, añadió: “Contar con un sistema de evaluación nos permitirá tomar mejores decisiones, impactar de mejor manera en la vida de quienes habitan en esta ciudad y conocer en qué medida estamos cumpliendo y garantizando los derechos humanos contenidos en la Constitución Política local”.
Para la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez, “la evaluación es un ejercicio de transparencia, un deber y apuesta por tomar decisiones basadas en evidencia”.
Agregó que se cuenta con una constitución garantista, por lo que añadió que “la Ley de Evaluación debe ser clara, para saber cómo evaluamos el cumplimiento de los derechos humanos, cómo diseñamos indicadores que nos permitan saber si estamos cumpliendo con ellos, si estamos avanzando en consolidar y construir una ciudad que tiene una visión garantista”.
Durante la primera mesa denominada “Análisis sobre los alcances constitucionales de la función de la evaluación”, Francisco Pamplona Rangel, investigador y docente de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, indicó que la Ley de Evaluación local permitirá al gobierno de la ciudad aplicar de mejor manera las políticas públicas, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan en la capital.
Destacó la importancia de contar con políticos y funcionarios sensibles y bien informados. Y sostuvo que las acciones de gobierno deben planearse con estrategias basadas en el conocimiento que otorgará el sistema de evaluación.
En su oportunidad, Pablo Yanes Riso, académico e investigador, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), recordó que la Ciudad de México ha transitado por un proceso largo de institucionalización en materia de evaluación.
En este sentido, propuso: “ la creación de un órgano autónomo de evaluación, cuyo Comité se integre a través de procesos del mismo tipo; y la construcción de una calificación de políticas públicas integral”. Para ello, dijo, esta ley debe dotar de herramientas a las instituciones ya que “no se pueden establecer macro tareas, con micro presupuestos”, acotó.
En tanto, Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de Pobreza Multidimensional, (MPPN por sus siglas en inglés), también destacó que la Ciudad de México se ha caracterizado por innovar en materia de evaluación.
Señaló que los resultados que se obtengan de las evaluaciones facilitará encontrar soluciones a las problemáticas. Agregó que: “la evaluación debe convertirse en una herramienta adicional de los gobiernos en la toma de decisiones”.
Durante la segunda mesa de análisis sobre el nuevo organismo constitucional autónomo “El Consejo de Evaluación de la Ciudad de México”, Araceli Damián González, directora general de Evalúa Ciudad de México, señaló que la primera entidad en crear su propio organismo de evaluación local, fue la capital del país.
Uno de los retos, puntualizó, es garantizar que exista un proceso de diálogo entre el órgano evaluador y el gobierno. Destacó además que la propuesta de ley debe contemplar una evaluación integral del desarrollo social económico, urbano, rural y ambiental, con evaluaciones imparciales.
En la mesa de análisis sobre “Participación ciudadana y derechos humanos en el proceso de evaluación”, José del Tronco Paganelli, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), fue claro al decir: “En este proyecto es importante que se considere a la participación ciudadana como un elemento necesario en los procesos de evaluación y creación de políticas públicas”.
Asimismo, Mónica Tapia, directora de la organización ciudadana Ruta Cívica, calificó de fundamental la coordinación de los sistemas de indicadores de derechos humanos y planeación; además de fortalecer la incidencia del organismo de evaluación en el Sistema Anticorrupción, crear un sistema de información y estadística, así como de gestión, para verificar la forma en que se están haciendo los programas y las gestiones sociales.
En tanto, Rocío Lombera González, directora general de Desarrollo, Planeación y Participación Ciudadana de la alcaldía Iztapalapa, dijo que es necesario aterrizar en la ley los mecanismos y procesos de participación social, así como los indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de los derechos humanos.
Finalmente, Gerardo Sauri Suárez, especialista en derechos humanos, señaló la necesidad de colocar a los derechos humanos como eje central de la evaluación de las políticas públicas y garantizar la participación ciudadana en la evaluación, diseño y desarrollo de las mismas.
