Ciudad de México, 8 de noviembre del 2023 – En una sesión reciente, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un llamado a las autoridades correspondientes para aclarar el estado de los programas y contratos con instituciones de asistencia privada en la entrega de aparatos auditivos. La diputada del PRD, Polimnia Romana Sierra Bárcena, fue la encargada de presentar la proposición, ante la preocupación de que ciudadanos con discapacidad auditiva no están recibiendo las atenciones necesarias de forma gratuita, un derecho garantizado en la capital del país.
La iniciativa surge tras la observación de que varias solicitudes canalizadas al DIF por la Oficina Legislativa de Sierra Bárcena no han obtenido respuesta satisfactoria. Se reveló que, durante el ejercicio fiscal de 2023, el DIF no cuenta con un programa específico para la distribución de aparatos auditivos y que, en cambio, ha derivado estas solicitudes a Audioamigo I.A.P., una institución de asistencia privada, bajo un esquema de coinversión que aún no ha fructificado en resultados positivos.
La diputada Sierra Bárcena urgió la creación de un programa gubernamental específico y la asignación de un presupuesto adecuado para que sea la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) quien se haga cargo directamente de cumplir con esta necesidad. Además, ha solicitado al DIF que informe sobre el proceso de colaboración con Audioamigo I.A.P., cómo se seleccionan las alcaldías beneficiadas, los criterios para determinar a los receptores de los aparatos auditivos y la existencia de un posible padrón o lista de espera.
Este exhorto resalta la importancia de la transparencia en la administración pública y en la atención a las personas con discapacidad, poniendo de manifiesto la necesidad de que el gobierno capitalino rinda cuentas sobre la gestión de los recursos y programas destinados a mejorar la calidad de vida de este sector de la población.
El Congreso capitalino se posiciona así en defensa de los derechos de las personas con discapacidad auditiva y presiona por un cambio que garantice la equidad y eficacia en la distribución de los apoyos, eliminando la dependencia de entidades privadas y asegurando que el apoyo llegue a quienes realmente lo necesitan.
