Ciudad de México, 27 de septiembre del 2023.- En un esfuerzo por garantizar la transparencia y legalidad en el manejo de fondos públicos, el Congreso de la Ciudad de México ha emitido un llamado firme a los titulares de las 16 alcaldías capitalinas. La solicitud es clara: la adjudicación de proyectos relacionados con el Presupuesto Participativo para el ejercicio fiscal 2023-2024 debe ser realizada bajo estrictos estándares de legalidad y claridad.La petición se extiende al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), que deberá colaborar con las alcaldías en la invitación formal a distintos organismos, entre ellos los comités de ejecución y vigilancia, personas promoventes y comisiones de participación comunitaria, para ser partícipes en los procesos de licitación en sus respectivas unidades territoriales.
Juan José Serrano Mendoza, Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México, también ha sido conminado por los legisladores locales a garantizar la supervisión adecuada de los órganos internos de control de todas las alcaldías, particularmente en el manejo de denuncias ciudadanas relativas a irregularidades detectadas en los procesos de licitación y adjudicación.
El recordatorio de la importancia del proceso provino de la diputada Xóchitl Bravo Espinosa, perteneciente a la Asociación Parlamentara Mujeres Demócratas. Según la diputada, la consulta para el Presupuesto Participativo, realizada el pasado 7 de mayo, desembocó en la selección de proyectos a ejecutarse. Ahora, el reto radica en garantizar la transparente administración de los recursos para tales proyectos.
Bravo Espinosa, no obstante, subrayó la existencia de preocupantes opacidades y faltas de transparencia en dichos procesos de licitación en múltiples ocasiones. Esta situación ha despertado inquietud y desconfianza entre los ciudadanos, enfatizando la urgencia de restaurar la fe en las instituciones mediante procesos limpios y claros.
Este llamado del Congreso se suma a un creciente clamor ciudadano que exige mayor transparencia y eficiencia en el uso de los fondos públicos, reiterando la importancia de la participación activa y vigilante de la ciudadanía en los asuntos de gobernabilidad y gestión de recursos.
