CDMX a 09 de noviembre de 2020.- En el Congreso de la Ciudad de México se analiza reformar el Código Penal local y establecer sanciones de cinco a 10 años de prisión a los hospitales o funerarias que aumenten costos ante una emergencia Sanitaria, informó el diputado de MORENA, Eleazar Rubio Aldarán.
El legislador agregó que en esta iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, también se contempla la suspensión de la licencia de operación por los mismos años, incluso la suspensión para ejercer la profesión a los directores, encargados o administradores de cualquier hospital público o privado, donde se preste atención médica, o funerarias que –ante la declaratoria de una emergencia sanitaria- incrementen los costos.
Rubio Aldarán, impulsor de la iniciativa de reformas, expuso que debido a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, los gastos de hospitalización y atención médica en los hospitales privados se incrementaron exponencialmente.
“Encontramos una serie de datos en los que se ha abusado en los hospitales en donde hay cobros excesivos, exorbitantes en contra de los pacientes enfermos con COVID-19”, argumenta el parlamentario.
En la iniciativa el legislador indica que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros reconoció que el costo del tratamiento en hospitales privados aumentó 51 por ciento en siete semanas, al pasar de 300 mil pesos, en promedio, a 452 mil 918, al 8 de junio.
En tanto, la Asociación Mexicana de Seguros y Fianzas estimó que los pacientes con casos más graves que requieren hospitalización por el COVID-19 podrían gastar entre 700 mil y dos millones de pesos.
“Advertimos una falta de solidaridad y apoyo con las familias que aparte de estar enfrentando el infortunio de tener algún enfermo grave por COVID-19, ahora tienen que enfrentar el reto de pagar cuantiosas cantidades de dinero a las instituciones que han lucrado con el dolor y la necesidad de muchas familias, sobre todo de clase media, a las que no les quedó más remedio que acudir a la iniciativa privada para salvar a sus seres queridos”, advierte.
El congresista resalta que si bien es cierto se trata de hospitales privados, también lo es que en emergencias sanitarias se deben establecer políticas públicas que protejan a la ciudadanía.
“Por ello es necesario prevenir este tipo de conductas cada vez más recurrentes, con la creación de un tipo penal que atienda esta problemática que vive la sociedad”, señala.
