CDMX a 31 de octubre, 2022.- Luego de que el Gobierno de la Ciudad de México firmara un convenio con la empresa de renta temporal Airbnb para promover el turismo creativo y la actividad de los nómadas digitales, organizaciones y personas se inconformaron con la decisión mediante un pronunciamiento.
Se trata de 51 organizaciones y 832 personas que acusan a la decisión de promover la comercialización del Centro Histórico de la capital mexicana, sin beneficio para sus habitantes, además de atentar contra el entendido de la vivienda como un derecho humano.
«[El convenio] replica y da el apoyo del Gobierno a un modelo de negocios que ha causado estragos en otras ciudades del mundo. Se trata de un duro golpe contra quienes hemos pugnado por legislaciones que contemplan la vivienda como un derecho humano y no como una mera mercancía», indicaron los inconformes en un comunicado.
«La realidad para los habitantes del Cetro Histórico y buena parte de la Ciudad de México es el encarecimiento de las rentas para distintos sectores de la sociedad: una generación entera de jóvenes que crecen sin derechos laborales y que no son sujetos de crédito, poblaciones indígenas que siguen luchando para que se les reconozca su arraigo en la capital, personas de la tercera edad a quienes se desaloja o despoja con violencia mediante juicios fraudulentos», denunciaron.
La plataforma Airbnb, participante del acuerdo con las autoridades capitalinas, es uno de los actores que agudiza estos problemas, reclamaron los inconformes, con afectaciones tanto entre la clase media como entre sectores populares.
Acusaron también que se ha expulsado a inquilinos para entregar territorio al turismo y puntualizaron el caso de al menos ocho edificios donde se ha sufrido desplazamiento para beneficiar a Airbnb.
«Actualmente la oferta de Airbnb está dominada por actores que acumulan hasta cientos de espacios de vivienda. Sin una regulación clara que ponga un límite a Airbnb y plataformas similares, la especulación financiera terminará devorando los ya de por sí pocos espacios asequibles para rentar», abundaron.
El convenio entre la compañía trasnacional y la capital mexicana configura un empleo de recursos públicos para generar plusvalor en beneficio del sector privado, mediante la figuración de embellecimientos accesibles para todos, cuando en realidad se generan concentraciones de ganancias y lesiones en el derecho a la vivienda, según el comunicado.
«Otras ciudades como Barcelona, París, Berlín, Nueva York se han visto obligadas a tomar medidas drásticas contra el mercado de alojamiento temporal. Nos preocupa que en CDMX se tomen a la ligera este tipo de decisiones, ocultando vicios y peligros bien conocidos por especialistas, y sin consultarlo en ningún momento con sus habitantes», añadieron.
En su comunicado, plantearon siete exigencias: el diagnóstico y evaluación del impacto de Airbnb; suspender la colaboración; tomar en cuenta legislaciones al respecto en otras ciudades; un cobro de impuestos eficaz a la plataforma; defensa legislativa en el Congreso local de los habitantes de la capital del país; una ley inquilinaria que contrapese la especulación, y el retorno de familias desplazadas.
