El proyecto de ley impulsado por Donald Trump, conocido como “One Big Beautiful Bill”, propone reactivar los recortes fiscales de 2017 y añadir nuevas exenciones fiscales, incluyendo beneficios para propinas, horas extra y deducciones estatales y locales, además de aumentar los recursos destinados a la seguridad fronteriza y la defensa. La iniciativa busca consolidar un paquete legislativo que combine medidas de estímulo económico con un fuerte componente de seguridad nacional.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estimó que la propuesta sumaría más de US$ 500 000 millones al déficit federal en los primeros tres años de su implementación, y cerca de US$ 3,3 billones en una década. Estas cifras superan ampliamente los cálculos iniciales y han encendido las alarmas entre analistas y legisladores preocupados por la sostenibilidad de las finanzas públicas estadounidenses.
El Partido Republicano se encuentra dividido frente al alcance del proyecto. Mientras que sus principales figuras insisten en que los recortes fiscales dinamizarán la economía y generarán crecimiento, un sector más moderado advierte sobre el riesgo de disparar la deuda pública y comprometer la estabilidad presupuestaria en el mediano plazo.
Uno de los aspectos más controvertidos es el posible impacto social de la propuesta. Según las proyecciones, millones de personas podrían perder acceso a cobertura médica y a programas de apoyo alimentario, lo que afectaría de manera directa a los sectores más vulnerables de la población.
El plan contempla además la eliminación de incentivos fiscales para proyectos de energías limpias, lo que podría frenar el desarrollo de iniciativas de energías renovables y provocar la pérdida de miles de empleos en un sector considerado clave para la transición energética y la lucha contra el cambio climático.
El incremento de la deuda pública previsto por la CBO traería consigo un aumento significativo en el pago de intereses, lo que limitaría el margen de maniobra de futuras administraciones para invertir en áreas estratégicas como infraestructura, salud y educación.
Desde el entorno del expresidente Trump se defiende el proyecto bajo el argumento de que, a largo plazo, generaría ahorros y dinamizaría la economía. No obstante, los supuestos que sustentan estas proyecciones han sido objeto de críticas por parte de diversos organismos y expertos, que los consideran excesivamente optimistas.
El proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Representantes por un estrecho margen y se prevé que el Senado lo someta a votación en las próximas semanas. Las negociaciones continúan en busca de consensos que permitan ajustar algunos de los apartados más polémicos y garantizar el respaldo necesario para su avance legislativo.
Un aumento tan considerable del déficit en Estados Unidos podría tener repercusiones significativas para economías estrechamente vinculadas como la mexicana. La posibilidad de mayor volatilidad en los mercados financieros, presiones sobre el tipo de cambio y el encarecimiento del financiamiento externo son riesgos que México deberá tener en cuenta en sus previsiones económicas.
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