Por Juan Pablo Ojeda
La Universidad de Harvard está en el centro de una nueva polémica con el Gobierno de Estados Unidos. Esta vez, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) —bajo la administración de Donald Trump— emitió un requerimiento administrativo para que entregue documentos relacionados con sus estudiantes extranjeros. La medida, según el propio DHS, responde a la negativa de la institución de colaborar voluntariamente con solicitudes previas de información migratoria.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una agencia dependiente del DHS, solicitó archivos “relevantes” sobre los estudiantes internacionales desde el 1 de enero de 2020, como parte de lo que califican como una revisión del cumplimiento de las leyes migratorias en instituciones educativas. La subsecretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, fue tajante al afirmar que Harvard “ha permitido que los estudiantes extranjeros abusen de sus visas y defiendan la violencia y el terrorismo en los campus”.
Este nuevo episodio se suma a una serie de tensiones entre el Gobierno de Trump y diversas universidades, especialmente aquellas consideradas progresistas o críticas del exmandatario. Harvard, en particular, ha sido blanco de acusaciones por supuesta “discriminación positiva” y por no dar espacio suficiente a lo que el oficialismo llama “diversidad de ideas”, según informes del Grupo de Trabajo Federal para Combatir el Antisemitismo, también impulsado por Trump.
La respuesta de la universidad no tardó en llegar. A través de un portavoz, Harvard expresó su compromiso con el cumplimiento de la ley, pero acusó al Gobierno de actuar con fines políticos y de utilizar el requerimiento como represalia por defender su autonomía. En abril y mayo, la universidad ya había entregado documentación parcial, pero el Gobierno la consideró insuficiente, lo que llevó a la suspensión de sus programas de intercambio académico y al veto de estudiantes y profesores extranjeros vinculados a Harvard.
La institución respondió legalmente en junio, cuando presentó una demanda contra el Gobierno por el bloqueo de sus programas internacionales. Ese mismo mes, una jueza federal detuvo indefinidamente la aplicación del veto mientras se resuelve el litigio. Pero el conflicto no se detiene ahí: Harvard también denunció al Gobierno para recuperar cerca de 2 mil millones de dólares en financiamiento federal, congelados por acusaciones de presuntas conductas antisemitas.
En defensa de su postura, el DHS aseguró que el requerimiento administrativo fue su “única opción” para obtener los documentos solicitados y advirtió a otras universidades que podrían enfrentar consecuencias similares si siguen el mismo camino de Harvard.
Este conflicto pone en juego más que solo papeles y fondos: es una lucha por el equilibrio entre la seguridad nacional, la autonomía universitaria y la libertad académica. Y en un país donde las universidades privadas tienen un peso cultural y político enorme, lo que ocurre en Harvard podría sentar un precedente para el futuro de la educación superior en Estados Unidos.
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