El exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández (JOH), sentenciado en 2024 a 45 años de prisión por una corte de Estados Unidos por cargos de narcotráfico, salió libre este 1 de diciembre de 2025, luego de recibir un indulto total e incondicional del expresidente estadounidense Donald Trump.
Hernández había sido recluido en la prisión federal de máxima seguridad USP Hazelton, en West Virginia, con registro 91441-054. Su liberación fue registrada oficialmente por el sistema de prisiones de EE. UU. (BOP), y confirmada por su esposa, quien celebró a través de redes sociales.
Durante su juicio, los fiscales estadounidenses acusaron al exmandatario de facilitar el envío de cientos de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos millonarios, contribuyendo así a convertir a Honduras en lo que describieron como un “narco-Estado”.
En su sentencia, además de los años de prisión, se le impuso una multa de 8 millones de dólares.
El indulto ha generado fuertes reacciones en ambos lados de la frontera. Mientras la defensa y sus partidarios aseguran que la condena fue producto de una “persecución política”, legisladores y expertos en seguridad alertan que la medida debilita los esfuerzos contra el narcotráfico internacional y manda una señal peligrosa sobre impunidad.
¿Por qué ahora?
La liberación ocurre justo en un contexto político convulso: pocos días después de las elecciones presidenciales en Honduras, en las que Nasry Asfura —candidato derechista apoyado públicamente por Trump— participa en una contienda muy reñida.
Trump defendió el indulto argumentando que Hernández fue “injustamente tratado” y que su caso formaba parte de lo que él consideró una persecución política. Además, allegados al exmandatario como el polémico asesor Roger Stone habrían influido en la decisión.
Un impacto global: narcotráfico, diplomacia y derechos humanos
El gobierno de EE. UU. actualmente lidera una campaña militar antidrogas en el Caribe y el Pacífico, con decenas de ataques a supuestas “narcolanchas”. Que simultáneamente se otorgue un indulto a alguien condenado por introducir cientos de toneladas de cocaína genera acusaciones de doble moral.
Por su parte, en Honduras la noticia reaviva viejas heridas: víctimas indirectas del narcotráfico, familiares afectados por violencia de cárteles y organizaciones de derechos humanos denuncian que la liberación representa una afrenta hacia la justicia internacional.
El plan de la defensa de Hernández, por ahora, apunta a que no regrese inmediatamente al país, aduciendo temores de represalias. Pero fuentes en Tegucigalpa ya advierten que podría solicitar asilo político o protección especial.
Qué viene ahora
- En Honduras, autoridades judiciales analizan si pueden abrir procesos adicionales en territorio nacional, aunque condicionan cualquier acción al respeto de tratados internacionales.
- En Estados Unidos, algunos sectores piden que se impongan sanciones diplomáticas y se revise la política de indultos presidenciales, ante reclamos de debilidad institucional.
- En la región centroamericana, el episodio reaviva debates sobre corrupción, impunidad, y la relación entre política, narcotráfico y justicia internacional.
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