Por Juan Pablo Ojeda
El ataque contra dos integrantes de la Guardia Nacional a las afueras de una estación de metro en Washington D.C., a unos pasos de los anillos de seguridad de la Casa Blanca, desató una nueva ofensiva antimigratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El agresor, identificado como Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años que llegó al país en 2021, fue detenido tras ser captado en video por peatones y oficinistas. Mientras las víctimas siguen hospitalizadas y en estado crítico, la reacción política se movió con velocidad.
Apenas se confirmó la nacionalidad del sospechoso, Trump apareció en un mensaje oficial con un discurso más duro de lo habitual. Culpó directamente a su antecesor, Joe Biden, por permitir la entrada del afgano bajo el programa Operación Aliados Bienvenidos —el esquema con el que Estados Unidos recibió a miles de afganos tras la caída de Kabul en 2021—. El presidente afirmó que es necesario “reexaminar a cada extranjero que ha entrado desde Afganistán” y calificó el ataque como “un acto de odio”. En línea con su narrativa, se refirió al detenido como “un animal”, un lenguaje que su administración ha usado reiteradamente en casos que involucran a inmigrantes acusados de delitos.
La respuesta institucional fue igual de inmediata. A los diez minutos del mensaje presidencial, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunció la suspensión indefinida de todas las solicitudes de inmigración de ciudadanos afganos, a la espera de una revisión completa de protocolos de seguridad y verificación de antecedentes. La decisión dejó en pausa miles de trámites de personas que dependen del estatus humanitario para permanecer legalmente en el país.
El gobierno local de Washington, encabezado por la alcaldesa Muriel Bowser y el Departamento Metropolitano de Policía, evitó especular sobre motivos o antecedentes del sospechoso. Sin embargo, organizaciones que apoyan a la comunidad afgana pidieron que el caso sea procesado legalmente sin generalizar ni estigmatizar a quienes migraron por razones humanitarias.
En paralelo, el ataque detonó un aumento inmediato en el despliegue militar. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó que se sumarán 500 soldados adicionales a los 2,500 que ya patrullan la capital desde agosto, como parte de las operaciones de seguridad que Trump ordenó argumentando “un crimen fuera de control”. Los dos guardias heridos forman parte de estas fuerzas federales enviadas a la ciudad y también habían participado en operativos y redadas migratorias en estados gobernados por demócratas.
La tensión alcanzó al ámbito judicial: el Departamento de Justicia pidió a un tribunal de apelaciones que revoque una orden que obligaría a la Guardia Nacional a retirar a sus efectivos el 11 de diciembre, asegurando que la ciudad podría enfrentar “posibles ilegalidades” sin su presencia reforzada.
Mientras el caso avanza y se esperan más detalles oficiales, la agresión ya se tradujo en un endurecimiento marcado de la política migratoria y de seguridad nacional, con Trump aprovechando el impacto político del incidente para reforzar su agenda contra la inmigración afgana y aumentar la presencia militar en la capital.
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