Por Juan Pablo Ojeda
La comparecencia del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, terminó convertida en un episodio más del enredo político que se vive en la capital. Lo que debía ser un ejercicio de rendición de cuentas terminó declarado como “no presentado” por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, dejando al Congreso sin respuestas y a los vecinos de la demarcación sin claridad sobre cómo se están usando los recursos públicos.
El diputado morenista Víctor Hugo Romo informó que la Comisión acordó presentar denuncias ante la Contraloría y el Órgano Interno de Control, porque —dice— “la rendición de cuentas es un deber, no una opción”. Para la bancada oficialista, Tabe simplemente evitó someterse al escrutinio, mientras que para la oposición se trató de una emboscada política.
El enredo comenzó cuando, minutos antes del inicio, la presidenta de la Comisión, Valentina Batres, decidió cambiar la sede al Salón Colosio, un espacio mucho más pequeño. Su argumento fue que el ruido de los simpatizantes del PAN impedía un diálogo ordenado. Para Tabe y su equipo, sin embargo, el movimiento era una maniobra para limitar el acceso de concejales, funcionarios y prensa. Lo calificaron incluso como una “ratonera” sin condiciones para un trabajo serio.
El alcalde llegó al recinto, pero se negó a entrar al salón asignado y únicamente entregó su informe por escrito. Sus acompañantes del PAN y del PRI lo respaldaron, asegurando que la modificación del espacio representaba un trato desigual hacia Miguel Hidalgo y una intención de bloquear la discusión pública.
Desde Morena, la explicación fue muy distinta: “El alcalde ya había dicho que no quería venir”, soltó la diputada Xóchitl Bravo, quien responsabilizó a la “derecha” de haber boicoteado la sesión. Según su versión, Tabe utilizó un equipo de audio a alto volumen y llegó acompañado de legisladores que portaban megáfonos, lo que terminó complicando aún más el ambiente.
El episodio también abrió dudas sobre el manejo de recursos en Miguel Hidalgo. Diputados de Morena acusaron presuntos desvíos en la elaboración de informes, denunciaron formalmente irregularidades y cuestionaron por qué Tabe solicitó 180 millones de pesos adicionales para actividades relacionadas con el Mundial, cuando —según señalaron— existen observaciones previas de la Auditoría Superior por posibles anomalías en años anteriores.
La tensión se da además en un contexto en el que Morena acusa al edil de haber organizado y financiado la marcha de la “Generación Z”, lo que para legisladores oficialistas mostraría un uso político de recursos públicos.
Al final, el Congreso cerró la sesión sin que Tabe respondiera una sola pregunta. Lo que debió ser un ejercicio para explicar gastos, proyectos y prioridades, terminó como un nuevo choque político que deja más preguntas que respuestas para los vecinos de Miguel Hidalgo, quienes siguen a la espera de claridad sobre cómo se usan los recursos en su alcaldía.
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