Por Juan Pablo Ojeda
En medio del creciente escándalo por la presunta red criminal vinculada al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que su gobierno no protegerá a nadie y que serán las fiscalías —y no el Ejecutivo— quienes determinen responsabilidades.
Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum recalcó que no es facultad de la Presidencia juzgar ni exonerar a ninguna persona. “No le corresponde a la presidenta de la República decir quién es culpable o no. Las fiscalías del estado y, en su caso, la Fiscalía General de la República (FGR), deben hacer las investigaciones y presentar pruebas. Así funciona el sistema penal acusatorio en México”, afirmó con contundencia.
El caso de Hernán Bermúdez ha generado un torbellino político. Acusado de estar al frente de “La Barredora”, una escisión del Cártel Jalisco Nueva Generación, actualmente hay una orden de aprehensión en su contra y una ficha roja de Interpol para localizarlo.
La mandataria insistió en que el gobierno federal no interviene directamente en el proceso penal, pero sí colabora en lo necesario. “Desde el 1 de octubre apoyamos al gobierno del estado y a la fiscalía. Se abrió la carpeta de investigación, en febrero se giró la orden de aprehensión y se sigue la búsqueda de esta persona”, explicó.
Al ser cuestionada por las declaraciones del senador Adán Augusto López —exgobernador de Tabasco, con quien Bermúdez trabajó—, Sheinbaum fue enfática: “Cada quien tiene derecho a expresar su versión. Pero el juicio lo hacen las autoridades judiciales, con pruebas, no con opiniones”.
En una de sus frases más directas, Sheinbaum sentenció: “No vamos a cubrir a nadie, absolutamente a nadie”, reafirmando que no importa el cargo o la cercanía política, todos deben ser investigados con base en la ley.
También subrayó que en México “todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, y que ninguna detención puede realizarse sin evidencias claras, salvo en casos de flagrancia.
“Para detener a alguien que no está en flagrancia, se necesita una investigación con documentación sólida y pruebas científicas. Así debe ser en cualquier caso, sea quien sea”, reiteró la presidenta.
Este posicionamiento ocurre en un momento sensible para Morena y el gobierno federal, que han prometido un combate frontal a la corrupción y al crimen organizado. La investigación contra Bermúdez, así como las implicaciones políticas hacia figuras como Adán Augusto, podrían marcar un punto de inflexión para el discurso de legalidad y transparencia del nuevo sexenio.
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