Por Juan Pablo Ojeda
Durante la llamada Mañanera del Pueblo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló que el Gobierno federal está en plena negociación con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, para que devuelva al Estado mexicano los recursos saqueados durante su gestión.
De acuerdo con Sheinbaum, las gestiones están siendo encabezadas por Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Aunque aclaró que el acuerdo aún no se concreta, explicó que, de no lograrse, García Luna enfrentará cargos severos en Estados Unidos y se avanzará con el juicio que tiene pendiente en México.
“Se está en un proceso de llegar a un acuerdo que tenga que ver con la información y la entrega de los recursos. El viernes recibí una nota de Pablo Gómez. Le pedí que informe al respecto. Si no se llega al acuerdo, continúa el juicio en Estados Unidos”, explicó Sheinbaum.
El caso civil contra García Luna en una corte de Miami ya derivó en una sentencia histórica: él y su esposa, Linda Cristina Pereyra, deberán pagar más de 2 mil 400 millones de dólares por un esquema de contrataciones ilegales en México. La sentencia fue dictada por la jueza Lisa Walsh, e incluye 748 millones para García Luna y 1,740 millones para su esposa.
El Gobierno mexicano fue el demandante en este juicio civil, por lo que la millonaria suma recuperada será devuelta al erario público mexicano. Esta demanda se presentó el 21 de septiembre de 2021 en el Tribunal del Condado de Miami-Dade, Florida.
Además de García Luna y su esposa, la UIF identificó a otros implicados en este esquema de corrupción internacional, como Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro.
Cabe destacar que este juicio no es el mismo que el proceso penal que enfrenta García Luna en Nueva York por narcotráfico. En ese caso, fue hallado culpable de apoyar al Cártel de Sinaloa mientras era funcionario, y sentenciado a más de 38 años de prisión por conspiración para traficar cocaína y brindar protección a organizaciones criminales.
Con esta negociación, la administración de Sheinbaum busca recuperar dinero público robado al país y enviar un mensaje de que los casos de corrupción del pasado no quedarán impunes. La próxima actualización sobre este proceso podría marcar un hito en el combate a la impunidad de exfuncionarios de alto nivel.
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