Carlos Lara Moreno
La polémica en torno a la reciente Marcha de la Generación Z escaló, luego de que la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, exhibiera un contrato y facturas que demostrarían que el Partido Acción Nacional (PAN) contrató por más de 2 millones de pesos a Edson Saúl Andrade Lemus, uno de los principales promotores de la movilización juvenil.
El contrato, firmado en febrero de 2025 entre el comité regional del PAN en la Ciudad de México y Andrade Lemus, contempla pagos mensuales de 175 mil 577 pesos por servicios de “estrategia digital y gestión de redes sociales”.
La revelación contradice la postura pública del joven, quien se había declarado apartidista y aseguró que la marcha surgió de manera “orgánica”.
Al ser cuestionada sobre el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió con ironía: “Muy interesante”, en referencia al supuesto contrato.
En su Mañanera del Pueblo, la mandataria sugirió que el caso debe analizarse con seriedad, pues pone en duda la autenticidad del movimiento juvenil que se presentó como independiente.
La controversia se da en un contexto de alta tensión política, donde las manifestaciones de jóvenes han tenido repercusión nacional y han sido interpretadas como un desafío al gobierno federal.
La revelación de los documentos por parte de Morena busca evidenciar una estrategia del PAN para capitalizar el descontento social y proyectar una narrativa de espontaneidad que, según los documentos, estaría financiada desde la oposición.
Por su parte, Andrade ha defendido públicamente la marcha, señalando que su objetivo fue “dar voz a las demandas de una nueva generación”.
Sin embargo, la difusión de las facturas y el contrato ha debilitado su discurso de independencia, generando críticas sobre la legitimidad del movimiento y la transparencia de sus motivaciones.
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